Todos los grupos políticos aprueban en ponencia la nueva ley de la CCRTV

Todos los grupos parlamentarios aprobaron ayer en ponencia la proposición de ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -en la actualidad, Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), la empresa que gestiona TV-3 y el grupo de emisoras de Catalunya Ràdio-, paso que abre la vía para que el texto siga ahora su tramitación parlamentaria desde el debate en la comisión de Cultura hasta su definitiva aceptacíón por el pleno. Ésta es la última de las tres leyes audiovisuales que el pleno de diciembre de 1999 -fecha en la que gobernaba CiU- acordó abordar por unanimidad con e...

Todos los grupos parlamentarios aprobaron ayer en ponencia la proposición de ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -en la actualidad, Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), la empresa que gestiona TV-3 y el grupo de emisoras de Catalunya Ràdio-, paso que abre la vía para que el texto siga ahora su tramitación parlamentaria desde el debate en la comisión de Cultura hasta su definitiva aceptacíón por el pleno. Ésta es la última de las tres leyes audiovisuales que el pleno de diciembre de 1999 -fecha en la que gobernaba CiU- acordó abordar por unanimidad con el objetivo de despolitizar los medios públicos. La primera que se aprobó fue la del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y el pasado diciembre vio la luz la de Comunicación Audiovisual.

Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley de la CCMA y que ha tenido empantanada la ponencia durante años es el de la composición del consejo de administración del organismo. Mientras que el tripartito lo quería reducir de los 12 miembros actuales a siete y además profesionalizarlo, CiU apostaba por mantener el número de consejeros. Finalmente, se ha acordado un consejo con nueve representantes. En cuanto a la profesionalización, fuentes parlamentarias señalaron ayer que posiblemente en los sucesivos debates que ahora se produzcan se negociará si el texto definitivo atribuirá a los consejeros "dedicación plena o exclusiva".

Esta ley ha sido largamente reivindicada por los profesionales de los medios públicos de la Generalitat, que consideran que su retraso propicia que aquéllos se conviertan en escenario de batallas políticas.