El alcalde y un edil de Medina Sidonia, imputados por prevaricación y cohecho
El juzgado número 3 de Chiclana ha admitido a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PP en Medina Sidonia, Sebastián Sánchez, contra el alcalde de este municipio, Francisco Carrera, y el concejal de Urbanismo, Rafael González, ambos del PSOE, por sendos presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
Los populares acusan al alcalde de "dirigir una persecución política" contra este dirigente del PP, a quien paralizó unas obras de rehabilitación parcial de su casa que fueron declaradas legales por la justicia. "La actitud del alcalde responde a una persecución política por la q...
El juzgado número 3 de Chiclana ha admitido a trámite la querella interpuesta por el portavoz del PP en Medina Sidonia, Sebastián Sánchez, contra el alcalde de este municipio, Francisco Carrera, y el concejal de Urbanismo, Rafael González, ambos del PSOE, por sendos presuntos delitos de prevaricación y cohecho.
Los populares acusan al alcalde de "dirigir una persecución política" contra este dirigente del PP, a quien paralizó unas obras de rehabilitación parcial de su casa que fueron declaradas legales por la justicia. "La actitud del alcalde responde a una persecución política por la que deberá responder ante los juzgados", denunció el coordinador provincial del PP de Cádiz, José Loaiza.
El alcalde y el edil de Urbanismo tendrán que declarar el próximo 17 de abril como imputados en esta querella, que fue admitida a trámite el pasado 16 de marzo "por ordenar de manera ilegal la paralización de unas obras legales del edil popular en su vivienda", según la querella del PP. Francisco Carrera no se pronunció ayer sobre su imputación. Semanas atrás, cuando fue denunciado por el PP, se confesó "tranquilo" porque, a su juicio, ha cumplido con la legalidad vigente.
La acción penal del PP se sustenta en parte en una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Cádiz que condenó hace dos meses al Ayuntamiento de Medina Sidonia a indemnizar con 3.000 euros a Sebastián Sánchez como daños y perjuicios por paralizarle una obra que, según la sentencia, es "totalmente legal".
Este edil adujo en el juicio que el consistorio de Medina le otorgó la oportuna licencia de obras e inició, por tanto, el derribo previo al comienzo del proyecto de rehabilitación. Entonces, el Ayuntamiento le obligó a paralizar cualquier actuación alegando que para dicha obra necesitaba un permiso de carreteras. "Me lo dicen cuando ya me habían dado la licencia sin avisarme previamente de este requisito", denunció Sánchez. La justicia avaló la versión del concejal del PP y condenó al consistorio de Medina. Ahora, el PP considera que el alcalde y el edil de urbanismo han cometido presuntos delitos de prevaricación y cohecho.