El dictamen del Consejo Consultivo avala la constitucionalidad de la reforma del Estatuto

El Consejo Consultivo aprobó ayer por una amplia mayoría, sin votos en contra, el dictamen sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía de la que afirma "se ajusta en términos generales al bloque de la constitucionalidad". El estudio jurídico, que analiza uno a uno los 216 artículos y las disposiciones adicionales, efectúa siete consideraciones en las que los juristas elogian el trabajo de la ponencia del Parlamento andaluz. No obstante, el Consejo ha hecho algunas observaciones para advertir de posibles "colisiones" con normas constitucionales.

El dic...

El Consejo Consultivo aprobó ayer por una amplia mayoría, sin votos en contra, el dictamen sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía de la que afirma "se ajusta en términos generales al bloque de la constitucionalidad". El estudio jurídico, que analiza uno a uno los 216 artículos y las disposiciones adicionales, efectúa siete consideraciones en las que los juristas elogian el trabajo de la ponencia del Parlamento andaluz. No obstante, el Consejo ha hecho algunas observaciones para advertir de posibles "colisiones" con normas constitucionales.

El dictamen emitido por el Consejo no es vinculante, ya que al tratarse de una proposición de ley de reforma -es decir una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno- su opinión no es preceptiva. El informe fue pedido por el Gobierno andaluz el mismo día en que se pronunció a favor de la toma en consideración de la tramitación parlamentaria de la reforma.

A lo largo de 192 páginas, los juristas analizan el texto elaborado por los 11 ponentes. El dictamen incluye algunas observaciones que, "sin merma de un juicio global de adecuación a la Constitución", se dirigen a "advertir posibilidades interpretativas de colisión de determinados preceptos con normas constitucionales", según figura en las conclusiones a las que ha tenido acceso este periódico.

Entre las observaciones destaca la que se hace al artículo 20.1 (muerte digna) en el "se garantiza a todos el derecho a morir dignamente". El dictamen sostiene que "tanto el contenido como el título del mismo carecen de concreción" y "no queda claro (...) qué tipo o forma de asistencia o prestación pública es la garantizada por este precepto, lo cual debería especificarse".

Vivir dignamente la muerte

El Consejo "entiende que la garantía de este derecho no puede hacer referencia a cuestiones de relevancia constitucional y con implicaciones en el actual marco jurídico de orden penal". Y propone la siguiente redacción: "Todos tienen el derecho a vivir dignamente el proceso de su muerte". El PP ha presentado un voto particular de supresión a este artículo, que cuenta con el apoyo expreso de los grupos socialista y de Izquierda Unida.

El dictamen también aporta "sugerencias" para conseguir una "mayor coherencia" del texto estatutario y hace "recomendaciones" técnicas para "mejorar la comprensión" de los preceptos.

El Consejo Consultivo formula siete consideraciones en sus conclusiones (ver cuadro adjunto) desde las "perspectivas jurídico-constitucional". En su primer punto proclama que la proposición "se ajusta en términos generales al bloque constitucional". En los apartados siguientes hace valoraciones elogiosas al texto propuesto el cual supone, dice, "un indudable avance en la profundización del autogobierno". Asegura que las tipologías de las competencias "es sólo una de las posibles desde el punto de vista técnico", a la que no hace ningún reproche, "desde el momento en el que se respetan las leyes de desarrollo directo de la Constitución".

También destaca "la fuerte apuesta por ajustar" la proposición a la "realidad política, económica y social". "Ello se manifiesta con particular intensidad en la propuesta de nuevos derechos sociales, en el esfuerzo constante para incorporar criterios de igualdad entre hombres y mujeres y en el acogimiento de sensibilidades especiales (...) en clave ecológica o la preocupación por la democratización y el pluralismo en los medios de comunicación" públicos.

La formulación sobre la Hacienda pública merece la calificación de "muy positiva" (...) en particular cuanto guarda relación con el sistema de financiación autonómica" de la comunidad. "Y ello", añade, "porque la nueva regulación implica mejores técnicas, aclara la confusión que existe entre recursos e ingresos y recoge de modo más amplio y detallado el conjunto de fuertes de financiación (...), además de colmar las notables lagunas que actualmente existen en la relación estatutaria del presupuesto" de la comunidad

Respecto a la normativa sobre la Unión Europea, el Consejo Consultivo "considera adecuados y constitucionalmente legítimos la existencia de mecanismos que aseguren la participación de Andalucía (...)".

El dictamen que el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, entregará el próximo lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, bendice a las claras la utilización del artículo 150.2 de la Constitución para asumir las facultades de ejecución -que no la titularidad- de competencias estatales. Este es uno de los puntos más polémicos de la proposición de reforma, sobre todo, del lado del Partido Popular, la única formación que pone en duda su constitucionalidad. El resto (PSOE, IU y Partido Andalucista) lo defienden.

Apoyo al 150.2

Los juristas dedican hasta 16 páginas a hacer un minucioso análisis de la disposición adicional quinta de la proposición de reforma, por la que a través del 150.2 la comunidad asume las materias de puertos y aeropuertos, servicio meteorológico, Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir -a la que dedica un análisis específico-, tráfico y seguridad vial y museos, archivos y bibliotecas. "Lo que resulta de esa disposición es su pretensión de que por ella se realiza la transferencia o delegación prevista en el citado precepto constitucional".

El Consejo reconoce que una disposición semejante "puede suscitar dudas, como puede comprobarse por la división existente en la doctrina científica, existiendo un importante sector inclinado por el rechazo de esta posibilidad".

No es ésa la posición que defiende el Consejo Consultivo, ya que en el dictamen se afirma: "La disposición adicional quinta resulta plenamente constitucional", conclusión a la que llega después de varias consideraciones. Entre ellas, los juristas destacan que la utilización del 150.2 en los Estatutos de Autonomía para asumir la gestión de competencias estatales ya se empleó en los Estatutos de Valencia y Canarias "sin tacha alguna de inconstitucionalidad".

"Nada impide que la asunción de competencias estatales se realice a través del instrumento normativo del artículo 150.2 de la Constitución y sea incorporada al texto reformado del Estatuto", afirma el informe, que añade: "Esta opción, cuya mejor técnica sería su ubicación en una disposición adicional, es perfectamente constitucional y recomendable frente a la de desdoblar la decisión en dos leyes orgánicas distintas; y ello tanto por razones de economía legislativa cuanto porque finalmente habrán de plasmarse en un texto formalmente unitario".