Valencia echa su 'carta'

Valencia quiere una carta municipal, un régimen especial con nuevas competencias como el que ya han logrado Barcelona y Madrid. Es una cuestión de "justicia y equidad", ha asegurado la alcaldesa, Rita Barberá, que reclama con insistencia una carta municipal sobre la que no ha presentado ningún proyecto concreto. Sólo parece claro, sin mayor precisión, que ha de ser "análoga" a la de Barcelona y Madrid y que el PP ha rechazado hacer una mención a la singularidad de la ciudad de Valencia en el nuevo Estatut d'Autonomia, opción defendida por los socialistas para arrancar el proceso.

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Valencia quiere una carta municipal, un régimen especial con nuevas competencias como el que ya han logrado Barcelona y Madrid. Es una cuestión de "justicia y equidad", ha asegurado la alcaldesa, Rita Barberá, que reclama con insistencia una carta municipal sobre la que no ha presentado ningún proyecto concreto. Sólo parece claro, sin mayor precisión, que ha de ser "análoga" a la de Barcelona y Madrid y que el PP ha rechazado hacer una mención a la singularidad de la ciudad de Valencia en el nuevo Estatut d'Autonomia, opción defendida por los socialistas para arrancar el proceso.

¿Qué ventajas reporta una carta municipal?, ¿cuál es su contenido?, ¿cómo conseguirla? Son algunas de las preguntas a las que ha respondido recientemente Rafael Jiménez Asensio, jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona y catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Ramon Llull, en una conferencia en el Colegio de Abogados de Valencia a invitación de la Fundació Societat i Progrés. El jurista ha intervenido en la última etapa de la larga gestación de la Carta Municipal de Barcelona y desde esa experiencia asegura que el primer paso en una hipotética "hoja de ruta" hacia el régimen especial de cualquier gran ciudad es lograr "el consenso de todas las fuerzas políticas municipales" y, a ser posible, autonómicas.

Simboliza el autogobierno local y mejora el sistema de competencias

Un consenso fundamental para definir "qué tipo de carta o régimen especial se quiere". Porque como explica Jiménez Asensio, no hay un camino único. En el caso de Barcelona, el proceso se remonta a principios de los años ochenta -con un precedente en la etapa franquista- y no cristalizó hasta 1997, cuando el acuerdo entre todas las fuerzas políticas municipales cerró una carta municipal convertida en ley por el Parlament de Catalunya un año después. La capital catalana optó por esa vía, entre otros motivos, porque la mayoría de las competencias en las que pretendía intervenir son autonómicas. A través de consorcios que integran el Ayuntamiento y la Generalitat, la carta municipal da a Barcelona mayor capacidad de decisión sobre la gestión de la sanidad, el urbanismo, el transporte metropolitano, vivienda o educación. El último paso -a falta de la aprobación segura en el Senado- para completar el régimen especial de la ciudad culminó en diciembre pasado con la aprobación de la Ley de Barcelona en el Congreso. La norma se fraguó en "nueve meses de negociación" con el Gobierno, que ha cedido competencias en materia de telecomunicaciones, seguridad ciudadana, puerto y aeropuerto -mayor representación-; avanza que se implantará la justicia de proximidad -pendiente de una ley estatal- y establece un régimen financiero por el que se asegura dotación económica para esas atribuciones a través de convenios finalistas.

Madrid, en cambio, ha tomado una especie de atajo, ha prescindido de la norma autonómica como base para recoger su especifidad y ha impulsado la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial, aprobada también en diciembre por el Consejo de Ministros. El texto recoge una cesión escasa de competencias -la mayoría las mantiene la Comunidad de Madrid- y las especifidades de la capital en cuestiones de seguridad vial y ciudadana, pero no cuenta con capítulo financiero.

¿Qué proceso seguirá la carta municipal de Valencia? El equipo de gobierno del PP insiste en que la futura ley de régimen local de la Comunidad Valenciana -sin fecha de aprobación- recogerá la cesión por parte de la Generalitat de nuevas competencias y financiación para la ciudad, al tiempo que ha aprobado con el PSPV y EU-L'Entesa instar de forma genérica al Gobierno central a que facilite una carta municipal para Valencia y otras ciudades de más de 500.000 habitantes en la reforma del régimen local. El Consell, mientras, aún no ha aclarado qué competencias está dispuesto a ceder, cómo y con qué recursos. La carta municipal de Valencia hoy no pasa de ser una declaración de intenciones por parte del Ayuntamiento del PP.

Jiménez Asensio resalta que "en el derecho positivo actual no hay un anclaje" para el régimen especial de Valencia -como sí era el caso de Madrid y Barcelona- y tampoco lo recoge el proyecto de ley básica de gobierno y administración local. "Pero eso no significa que no lo pueda tener", subraya el jurista. "Lo que está claramente agotado es el modelo de uniformidad local", la aplicación de los mismos patrones a todos los municipios, ya que existe "una mínima cultura de que los municipios de gran población tienen una idiosincrasia, una peculiaridad", continúa Jiménez Asensio.

Recoger esa especifidad en una carta municipal reporta "mayores competencias para atender las necesidades de la ciudad y mayor financiación", un punto clave porque "si no, se crea una segunda descentralización en falso", advierte el responsable de los servicios jurídicos de Barcelona. Conseguir más recursos para dar servicios que frecuentemente no son de competencia municipal, "el tema eterno del mundo local". "Pensábamos todos que ya era el momento de abordar la segunda descentralización, tanto competencial como financiera y fiscal, cuando de nuevo se vuelven a cruzar las reformas de los estatutos", constata Jiménez Asensio. La espera por una reforma del régimen local se alarga, si bien una carta municipal tampoco es la panacea, no resuelve los problemas de la financiación local. "La idea de carta expresa básicamente tres cosas: simboliza el autogobierno municipal, lo representa; debe mejorar el sistema competencial, dar título para que la Administración local intervenga en ámbitos en los cuales no intervenía con la cobertura financiera suficiente y, por lo tanto, debería mejorar todo ese sistema de financiación", resume el jurista.