Informes críticos con los Mossos se mantuvieron ocultos

Entre 1998 y 2003, el último Ejecutivo de Jordi Pujol no sólo ocultó sondeos pagados con fondos públicos que tenían un claro enfoque político y electoral y que no favorecían los intereses de Convergència i Unió. También evitó entregar al registro de encuestas de la Generalitat diversos estudios sobre la satisfacción de los usuarios de servicios públicos. Entre ellos, los Mossos d'Esquadra o los Bomberos de la Generalitat. Los resultados de estos estudios tampoco eran precisamente alentadores para el Gobierno autónomo.

En el caso de los Mossos d'Esquadra, los informes referidos a 2002, y...

Entre 1998 y 2003, el último Ejecutivo de Jordi Pujol no sólo ocultó sondeos pagados con fondos públicos que tenían un claro enfoque político y electoral y que no favorecían los intereses de Convergència i Unió. También evitó entregar al registro de encuestas de la Generalitat diversos estudios sobre la satisfacción de los usuarios de servicios públicos. Entre ellos, los Mossos d'Esquadra o los Bomberos de la Generalitat. Los resultados de estos estudios tampoco eran precisamente alentadores para el Gobierno autónomo.

En el caso de los Mossos d'Esquadra, los informes referidos a 2002, y que el actual Gobierno catalán ha registrado esta semana tras hallarlos en un almacén, denotaban un creciente descontento ciudadano sobre la labor de este cuerpo (ver gráfico). El informe encargado y escondido por el anterior Ejecutivo también arrojaba un aumento de la sensación de inseguridad por parte de los catalanes.

En 1998, un año negro en el que ardieron 20.998 hectáreas de bosque en Cataluña, la Generalitat decidió a hacer una encuesta sobre la satisfacción de 1.051 usuarios del servicio de bomberos catalán. El 37,1% de éstos se quejó de la falta de medios materiales para la extinción de incendios. La encuesta fue ocultada y hasta esta semana no ha llegado al registro público de encuestas de la Generalitat.

En mayo de 1999, en plena polémica por la revocación de varias frecuencias de FM a la cadena Cope por parte de la Generalitat, el Ejecutivo de Jordi Pujol encargó una encuesta sobre el tema. Los resultados fueron devastadores por los intereses del Ejecutivo nacionalista, ya que sólo el 14,3% de los 1.275 encuestados apoyó la decisión del Gobierno catalán. Las medidas contrarias a los intereses de la Cope no gustaban siquiera, al electorado de Convergència i Unió. Sólo el 15,5% de los electores de la federación nacionalista apoyaba la revocación de las frecuencias que pretendía el Gobierno catalán.