La producción de aceite de orujo se cierra con 35.000 toneladas, la mitad de una campaña media
Los fabricantes recuperan el 60% del consumo doméstico desde la crisis de 2001
La campaña de aceite de orujo se va a cerrar con una producción nacional de unas 35.000 toneladas, de las que Andalucía concentra el 80%. En sintonía con el aceite de oliva -el orujo se fabrica a partir de la aceituna molturada- se va a registrar un descenso en torno a la mitad de la producción de una campaña media, estimada en unas 70.000 toneladas. No obstante, el sector orujero ha logrado levantar cabeza tras la crisis del benzopireno de 2001 y, cinco años después, ha logrado ya recuperar el 60% del consumo doméstico y el 100% de sus clientes industriales.
El consumo de aceite de oru...
La campaña de aceite de orujo se va a cerrar con una producción nacional de unas 35.000 toneladas, de las que Andalucía concentra el 80%. En sintonía con el aceite de oliva -el orujo se fabrica a partir de la aceituna molturada- se va a registrar un descenso en torno a la mitad de la producción de una campaña media, estimada en unas 70.000 toneladas. No obstante, el sector orujero ha logrado levantar cabeza tras la crisis del benzopireno de 2001 y, cinco años después, ha logrado ya recuperar el 60% del consumo doméstico y el 100% de sus clientes industriales.
El consumo de aceite de orujo envasado estaba cifrado en unas 80.000 toneladas cuando, el 3 de julio de 2001, una Orden de la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, inmovilizó 30.000 toneladas de orujo por superar la concentración permitida de benzopireno, cifrada en dos microgramos por kilo. Esa inmovilización, que luego se demostraría que fue injustificada a tenor de las distintas resoluciones judiciales que han dado la razón a los productores, supuso un duro varapalo para un sector que mueve unos 5.000 empleos y, sobre todo, realiza una importante labor medioambiental, al tratar y aprovechar los residuos de unas 2.000 almazaras de todo el país.
Hoy, cinco años después, los orujeros han recuperado en torno al 60% del consumo doméstico y el 100% de los clientes industriales. "El sector se ha recuperado poco a poco, a pesar del daño que nos hizo la crisis del benzopireno y de que apenas hemos tenido ayudas", asegura el jiennense Fernando Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), la patronal que agrupa a 50 fábricas extractoras de orujo en todo el país, la mayoría de ellas en Andalucía y, especialmente, en Jaén, que acapara el 40% de la producción nacional de orujo.
Trasvase de consumidores
La campaña actual de aceite de orujo se va a cerrar con una producción de unas 35.000 toneladas (el 80% en Andalucía), la mitad menos que en una campaña media. Los precios del orujo están en torno a los 2,46 euros el refinado y entre 2,70 y tres euros el envasado en botella. Son precios por debajo del aceite de oliva, que en los últimos meses ha superado la barrera de los cuatro euros. Con todo, Fernando Muñoz no cree que su sector se esté beneficiando del trasvase de consumidores que buscan otras grasas más baratas. "Nosotros tenemos unos clientes muy fieles y fabricamos un aceite con calidad propia", sostiene, tras recalcar que el de orujo está considerado como "el segundo mejor aceite del mundo".
En la provincia de Jaén, que acapara el 40% de la producción nacional de orujo, hay 17 industrias orujeras donde se procesa la aceituna, una vez molturada, de más de 300 almazaras y que generan más de 1.000 empleos directos y 2.000 indirectos. Gran parte de las orujeras han emprendido en solitario demandas judiciales para reclamar indemnizaciones al Ministerio de Sanidad por la inmovilización del orujo en 2001. Hasta ahora, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid les han dado la razón y han condenado a las Administraciones que tuvieron que ejecutar la Orden -las comunidades autónomas- a pagar importantes indemnizaciones.
Y es que, a pesar de que el Ministerio de Agricultura prometió poco después a los orujeros una línea de créditos blandos por valor de 30 millones de euros, las ayudas quedaron bloqueadas porque Bruselas abrió expediente por entender que vulneraban la libre competencia. De esta forma, la colaboración del Gobierno se limitó a las ayudas para el almacenamiento en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero de las 30.000 toneladas que no pudieron salir al mercado por superar los índices de benzopireno.