La vara de Esculapio
El escrito remitido anteayer por el fiscal general del Estado a la Audiencia Nacional y la posterior prohibición dictada por el juez Grande-Marlaska del congreso de Batasuna programado para el 21 de enero han devuelto al mundo cotidiano un abstracto debate -las razones jurídicas no siempre coinciden con la lógica política- en torno a las eventuales colisiones entre bienes legalmente protegidos. ¿El derecho fundamental a la reunión pacífica y sin armas -cuyo ejercicio garantiza el artículo 21.1 de la Constitución sin necesidad de autorización previa- amparaba o no el acto promovido para el próx...
El escrito remitido anteayer por el fiscal general del Estado a la Audiencia Nacional y la posterior prohibición dictada por el juez Grande-Marlaska del congreso de Batasuna programado para el 21 de enero han devuelto al mundo cotidiano un abstracto debate -las razones jurídicas no siempre coinciden con la lógica política- en torno a las eventuales colisiones entre bienes legalmente protegidos. ¿El derecho fundamental a la reunión pacífica y sin armas -cuyo ejercicio garantiza el artículo 21.1 de la Constitución sin necesidad de autorización previa- amparaba o no el acto promovido para el próximo sábado en un recinto cerrado del Parque Ferial de Bilbao por una organización ilegalizada el 27 de marzo de 2003 mediante una sentencia del Supremo? La contestación del Gobierno vasco a esa pregunta era que la disolución de Batasuna no privó a sus antiguos dirigentes y militantes de la capacidad de seguir ejerciendo legítimamente a título individual el núcleo de los derechos básicos -de expresión, participación, reunión y expresión- del sistema constitucional.
Pero las dudas sobre la significación y los objetivos del programa de festejos previsto por el nacionalismo radical para este fin de semana fueron despejadas por los propios organizadores de manera tan rotunda como provocadora. Por lo pronto, no sólo el anuncio gráfico de la reunión incluía la palabra Batasuna, un término genérico -significa unidad en euskera- empleado en este caso para referirse al partido ilegalizado; el sobrecargado cartel de la convocatoria también concedía un espacio a la serpiente enroscada que completa el emblema de ETA. Habituados a moverse entre los resquicios de las leyes y a forzar las interpretaciones de los hechos para modificar su sentido, los portavoces del nacionalismo radical aducen que la serpiente anunciadora del acto no rodea el hacha de la banda terrorista sino el bastón de Esculapio como dios protector de la salud del pueblo vasco; si esa versión hubiese tenido ya un difícil recorrido como circunstancia eximente en un proceso penal, la inserción de tan pintoresco argumento dentro de un debate político constituye una despectiva tomadura de pelo para los ciudadanos y un burlón desafío a los cargos públicos encargados de hacer cumplir las leyes.
La concurrida rueda de prensa celebrada el pasado sábado en Alsasua por Batasuna para presentar en sociedad el agitado calendario de este fin de semana verbalizó de manera inequívoca y arrogante la autoría y los propósitos de la convocatoria. La mañana del sábado quedaría reservada para la celebración -en un lugar no precisado- del primer congreso nacional del ilegalizado partido; designados por 200 asambleas y 7.000 militantes a lo largo de varios meses de clandestinidad tolerada, los delegados elegirían una nueva Mesa Nacional y votarían la modernización de su programa. El multitudinario acto de la tarde serviría tan sólo de escenario para el refrendo por aclamación de esas prefijadas conclusiones.
Puestas las cartas boca arriba sobre la mesa por los promotores de la timba, hasta los más escrupulosos garantistas deberán admitir que el objetivo de la frustrada convocatoria no era brindar a los veteranos afiliados de Batasuna la oportunidad de ejercer sus derechos individuales de reunión, expresión y participación para discutir proyectos asociativos diferentes de su antiguo papel como brazo político de ETA. El partido disuelto por el Supremo hace casi tres años había preparado este acto para resucitar -amparado por Esculapio y su serpiente- oficialmente de su aparente muerte civil y proseguir sin solución de continuidad una actividad ilícita nunca interrumpida. Aunque ni el Gobierno ni el fiscal del Estado (únicos actores legitimados para poner en marcha el procedimiento civil de ilegalización de partidos políticos) recurrieron a la Sala Especial de alto tribunal para impedir -en trámite de ejecución de la sentencia de 2003- la convocatoria del acto, el juez Grande-Marlaska reactivó ayer la medida cautelar penal dictada en 2002 por Garzón para lograr ese propósito. El episodio arroja cuando menos una enseñanza: el carácter contraproducente de las estrategias de provocación planeadas por los dirigentes de Batasuna para someter a prueba experimental la capacidad de resistencia de los muros de carga de la democracia y el Estado de derecho.