Aplazada la declaración de los empresarios de las facturas falsas
La declaración de los dos empresarios imputados en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena de Sevilla prevista para el día de ayer se ha aplazado hasta el 31 de este mes. José Pardo y Jesús Barrera, imputados por los supuestos delitos de falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de fondos públicos, no comparecieron en el juzgado de instrucción número 15 porque su letrado, Javier Prados, tenía que asistir a un juicio en Huelva. El abogado había presentado el 29 de diciembre un escrito justificando su ausencia ante la magistrada Silvia Soto que investiga este caso....
La declaración de los dos empresarios imputados en el caso de las facturas falsas del Distrito Macarena de Sevilla prevista para el día de ayer se ha aplazado hasta el 31 de este mes. José Pardo y Jesús Barrera, imputados por los supuestos delitos de falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de fondos públicos, no comparecieron en el juzgado de instrucción número 15 porque su letrado, Javier Prados, tenía que asistir a un juicio en Huelva. El abogado había presentado el 29 de diciembre un escrito justificando su ausencia ante la magistrada Silvia Soto que investiga este caso.
Antonio Pazo, un colaborador del mismo distrito municipal, sí prestó declaración como imputado por los mismos delitos. Según los abogados presentes en la comparecencia, Pazo explicó, a preguntas de las partes, que hizo labores administrativas y de contabilidad entre febrero y septiembre de 2003 pero que nunca apreció que las 28 facturas que se investigan se le habían pagado a una sociedad distinta a la que había realizado las obras.
En esta causa están imputadas seis personas, entre ellas el ex concejal socialista y ex delegado del distrito, José Antonio García. La fiscalía de Sevilla presentó denuncia contra él al entender que como responsable del distrito firmó las 28 facturas con los que se pagó a los empresarios Pardo y Barrera por distintas obras que, al menos dos, no se hicieron. Fueron trabajos que, según la denuncia del ministerio público, adjudicó el entonces secretario del distrito, José Marín, también imputado en los hechos.