El PSOE pacta con IU y PA las competencias del Estatuto andaluz
El PSOE, IU y el Partido Andalucista (PA) alcanzaron ayer un amplio pacto sobre competencias en la ponencia de reforma del Estatuto andaluz, que contó con el rechazo del Grupo Popular.
El texto reclama mediante el artículo 150.2 de la Constitución cinco competencias exclusivas del Estado. Los firmantes advirtieron al PP de que no admitirán rebajas ni retoques al texto si al final deciden sumarse.
El título de competencias pactado ayer por PSOE, IU y PA incluye una tipología de clasificación -exclusivas, compartidas y de ejecución- similar a la elaborada por el Parlamento de Catal...
El PSOE, IU y el Partido Andalucista (PA) alcanzaron ayer un amplio pacto sobre competencias en la ponencia de reforma del Estatuto andaluz, que contó con el rechazo del Grupo Popular.
El texto reclama mediante el artículo 150.2 de la Constitución cinco competencias exclusivas del Estado. Los firmantes advirtieron al PP de que no admitirán rebajas ni retoques al texto si al final deciden sumarse.
El título de competencias pactado ayer por PSOE, IU y PA incluye una tipología de clasificación -exclusivas, compartidas y de ejecución- similar a la elaborada por el Parlamento de Cataluña. Consta de 39 artículos y una disposición adicional en la que se reclama cinco competencias estatales: puertos y aeropuertos; museos, archivos y bibliotecas; tráfico y seguridad vial; Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; y servicio meteorológico. Estas dos últimas se tipifican también en el articulado de las competencias de la comunidad.
El texto pactado a tres bandas incorpora competencias en energías renovables, innovación, la gestión de la red ferroviaria de titularidad estatal, la participación en la fijación de contingentes de inmigrantes; prevé la participación de la comunidad en la inversión del Estado y también en la designación de instituciones estatales como el Banco de España o la Comisión Nacional de Mercado de Valores, así como otros organismos reguladores. También califica de exclusiva las competencias para la convocatoria de consultas populares.