Cuentas y cuentos
Los últimos informes publicados por la Sindicatura de Comptes han revelado que la Comunidad Valenciana está mal administrada. Conviene decir que estos informes, aunque resultan llamativos, no suponen propiamente una novedad. Que la Comunidad Valenciana no estaba bien administrada era manifiesto para todo aquel que quisiera verlo. Muchas personas lo percibían de ese modo, a pesar del enorme esfuerzo de propaganda realizado por el Gobierno. Bastaba con mirar alrededor con alguna atención y leer las noticias de los periódicos, para advertir de que las cuentas de la Comunidad Valenciana no eran pr...
Los últimos informes publicados por la Sindicatura de Comptes han revelado que la Comunidad Valenciana está mal administrada. Conviene decir que estos informes, aunque resultan llamativos, no suponen propiamente una novedad. Que la Comunidad Valenciana no estaba bien administrada era manifiesto para todo aquel que quisiera verlo. Muchas personas lo percibían de ese modo, a pesar del enorme esfuerzo de propaganda realizado por el Gobierno. Bastaba con mirar alrededor con alguna atención y leer las noticias de los periódicos, para advertir de que las cuentas de la Comunidad Valenciana no eran precisamente un modelo a seguir. Los sobreprecios, las desviaciones en los presupuestos, las ocultaciones, los gastos difíciles de justificar son algo corriente en estas cuentas. Pero faltaba, quizá, el informe oficial, técnico, ecuánime, de la Sindicatura de Comptes para que el hecho alcanzara la categoría de lo indiscutible. Es lo que ahora se ha producido.
Al conocerse el informe sobre la Ciudad de las Ciencias, el consejero de Economía, Gerardo Camps, ha responsabilizado al arquitecto Santiago Calatrava de las desviaciones en los presupuestos. Camps se ha apresurado a añadir que todas las modificaciones realizadas estaban, sin embargo, sujetas a la legalidad. Nadie lo pone en duda. Pero, no es una cuestión de legalidad o de ilegalidad lo que aquí se discute, como pretende el consejero, sino de buena o mala administración. Camps, hombre inteligente, de amplia experiencia, impuesto en los pormenores del gobierno, sabe perfectamente que la legalidad, por sí misma, no es garantía de una buena administración.
Al hablar de la promoción del arte valenciano que realizó doña Consuelo Ciscar -promoción fabulosa, en la que se invirtieron miles y miles de euros-, decía el galerista Tomás March, en una entrevista publicada por este diario, que se empleó el dinero con poca efectividad. ¿No es esta calificación de poca efectividad la que mejor cuadra a ciertas acciones, todas ellas espectaculares, emprendidas por el Gobierno valenciano? El número de proyectos iniciados por el gobierno del Partido Popular desde que alcanzó el poder ha sido considerable. Nos sería imposible, en el espacio de este artículo, una somera enumeración de los mismos. Ello ha permitido que el nombre de la Comunidad Valenciana obtuviera un eco extraordinario en España e, incluso, en el extranjero. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de la Luz. ¿Quién no ha oído hablar de la Ciudad de la Luz? El proyecto, si no recuerdo mal, llegó a presentarse incluso en los propios Estados Unidos. Pero luego resulta que, tras muchos años de obras, la Ciudad de la Luz no está acabada y los primeros grandes estudios que se inauguran son los de Dino de Laurentis, en Marruecos, situados a un tiro de piedra de los nuestros.
No tiene usted, lector, la sensación de que la historia de la Ciudad de la Luz es la de cualquier proyecto de los que se han iniciado en la Comunidad. Al día de hoy ¿qué tenemos de real, de perdurable, en cuanto aquí se ha construido? Tenemos, sí, un parque de atracciones hundido en pérdidas, que habrán de salvar las cajas de ahorros; una Ciudad de la Luz que no sabemos cómo acabara; una Ciudad de las Ciencias con unos costes desmesurados, que siguen aumentando sin cesar... Y mientras esto sucede, nosotros firmamos coproducciones de ópera con los grandes teatros de Londres y Nueva York.