La ordenanza de civismo de Barcelona se aprobará con los votos del PSC, Esquerra y CiU

La ordenanza de civismo de Barcelona se aprobará con los votos del PSC, ERC y CiU. Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), en cambio, se opone frontalmente a la ordenanza y ayer anunció que su voto será negativo. La radicalización de ICV- su postura inicial era la abstención- en una cuestión de calado como son las normas que rigen la convivencia provocó una crisis en el tripartito municipal y el alcalde, Joan Clos, convocó ayer con carácter de urgencia la comisión de control del pacto de gobierno. La reunión acabó dando un plazo de 24 horas para intentar recomponer el pacto.

La comisión de...

La ordenanza de civismo de Barcelona se aprobará con los votos del PSC, ERC y CiU. Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), en cambio, se opone frontalmente a la ordenanza y ayer anunció que su voto será negativo. La radicalización de ICV- su postura inicial era la abstención- en una cuestión de calado como son las normas que rigen la convivencia provocó una crisis en el tripartito municipal y el alcalde, Joan Clos, convocó ayer con carácter de urgencia la comisión de control del pacto de gobierno. La reunión acabó dando un plazo de 24 horas para intentar recomponer el pacto.

La comisión de seguimiento del pacto de gobierno está formada por nueve representantes de los tres partidos que lo integran, entre regidores y otros responsables de las formaciones. Se convoca cuando entre los socios hay un serio problema de acuerdo que puede llegar a poner en entredicho la esencia del acuerdo de gobierno. Es una suerte de gabinete de crisis que no se ha convocado ni en este mandato ni en el anterior. Sí hubo un encuentro similar con la recalificación de los terrenos del RCD Espanyol en la avenida de Sarrià en 1996, a la que ICV se opuso. Lo mismo que ha ocurrido ahora, aunque el asunto es de más enjundia porque la nueva ordenanza establece las reglas del juego para regir la convivencia en la ciudad y el instrumento en el que el gobierno municipal plasma su criterio.

La propia Imma Mayol, presidenta de grupo de ICV y tercera teniente de alcalde del consistorio, reconocía ayer que el motivo principal del no a la ordenanza no era otro que un desacuerdo ideológico "de fondo, de manera de gobernar".

Garantizar el gobierno

¿Y cómo se puede seguir con el pacto de gobierno si se reconoce que hay un profundo desacuerdo ideológico? "Para garantizar la continuidad de un gobierno de izquierdas", fue la respuesta de la presidenta de ICV. "Es una situación difícil. Reconozco que es una crisis en una cosa importante", continuó Mayol, que no obstante quiso quitar algo de hierro al asunto y negó que se tratara de una crisis de gobierno. La convocatoria inmediata de la comisión del pacto de gobierno por el alcalde confirmaba todo lo contrario: la tormenta era seria.

La de ayer fue una jornada de cierta esquizofrenia en el Ayuntamiento de Barcelona. CiU fue la única formación que dejó claro el sentido de su voto: sería afirmativo. Esquerra Republicana, por su parte, explicó en conferencia informativa por la mañana que existían dos cuestiones "importantes" en los capítulos de la ordenanza relativos a la prostitución que habían "desaparecido" del texto, una omisión que según el presidente de la formación, Jordi Portabella, era de tal calado que podía cambiar el voto afirmativo por la abstención. Con ambigüedad calculada, Portabella resumió que todo dependía de más conversaciones. Horas más tarde, al tiempo de conocerse que se convocaba el gabinete de crisis por el anunciado no de ICV, Esquerra hizo público un comunicado en el que argumentaba que las dos cuestiones finalmente aparecían en el texto y que, en consecuencia, votaría favorablemente la ordenanza.

La reunión de la comisión de seguimiento empezó pasadas las seis de la tarde y concluyó una hora y media después en tablas. Sólo con un plazo de 24 horas "para volver a hablar y reorientar la situación que se ha creado", en palabras de uno de los integrantes de la comisión del pacto de gobierno. ICV no quiso aclarar si en 24 horas era posible un replanteamiento del voto negativo anunciado en el plenario de mañana, que aprobará la ordenanza, pero se insistió en que todo lo dicho por Mayol horas antes seguía siendo vigente.

A los socialistas del Ayuntamiento les bastaría con una abstención para evitar la imagen de desunión. Fue una reunión tranquila, pero no exenta de ciertos momentos de tensión, con acusaciones de no asumir las responsabilidades de gobierno.

Pese a que la decisión de ICV parece inamovible, Joan Ferran, primer secretario del PSC en Barcelona, quien forma parte de la comisión de seguimiento y ayer asistió a la reunión, dijo: "

[Si las posiciones estuvieran cerradas por completo], no estaríamos aquí". Y expresó su confianza en que el tripartito vuelva a mostrar su espíritu de coalición, al igual que en otros asuntos importantes, como el Estatut.

Quien criticó con dureza la disensión y "debilidad" del equipo de gobierno municipal, pero sobre todo la postura y los razonamientos de Mayol, fue el presidente del grupo municipal de CiU, Xavier Trias.

Trias lamentó que la tercera teniente de alcalde "se haya dejado llevar por el tacticismo político" y aseguró que "mantenerse en el poder pasa por encima de los principios y las ideas que dicen defender". Según Trias, el alcalde, Joan Clos, "se ve incapaz de mantener un equipo de gobierno cohesionado" porque sus socios de ERC e ICV "están más pendientes de sacar rentabilidad política de la debilidad y falta de liderazgo del alcalde que de solucionar los problemas de los barceloneses".

Trias considera que "no dar apoyo a la ordenanza sobre la convivencia es la muestra más clara de que los intereses de partido pasan por encima de los intereses de la ciudad". Nada que ver con la postura que ayer defendió Mayol.Mayol adelantó que no aceptaba las acusaciones "de no querer gobernar". Y a la hora de explicar el porqué del voto negativo de los cinco regidores ecosocialistas,fue clara: "Incluye problemas sociales en una ordenanza que persigue el incivismo, y la pobreza no es incivismo". El tratamiento de la indigencia y de la prostitución son dos de los motivos fundamentales de la negativa de ICV, pero también las disposiciones sobre los juegos en el espacio público y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en determinadas circunstancias. Dijo que la ordenanza es punitiva y que antepone el orden público a todo y presenta la seguridad como máximo bien que preservar. A la pregunta de cómo va a aplicar unas normas que rechaza, sobre todo al depender de su cartera la gestión de los servicios sociales -una de las piezas claves en el tratamiento de la mendicidad y la prostitución-, Mayol respondió que los trabajadores sociales "realizarán su cometido". No obstante, adelantó que no está de acuerdo con el planteamiento que hace la ordenanza para desarrollar una plan integral con el objetivo de afrontar la prostitución. Y no evitó cierto tono desafiante al dejar claro que el plan de inclusión lo desarrollará el regidor de ICV, Ricard Gomà.

Mientras, Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el consistorio, señaló ayer sus regidores se abstendrán en la votación. A juicio del PP, la ordenanza es demasiado tibia, pero no deja de ser un intento de corregir problemas que se han disparado en los últimos año, según la interpretación que hacen sus ediles.

La división del tripartito en el asunto de las ordenanzas se esfumará hoy en el Congreso de los Diputados, que aprobará la Carta Municipal de Barcelona. Lo hará con el voto favorable del Partido Popular, que se había distanciado en el último tramo de la negociación del consenso entre todas las formaciones políticas. "Creo que es bueno que la Carta se apruebe con el acuerdo de todos los partidos que representamos a los ciudanos de Barcelona en el Ayuntamiento", manifestó ayer Alberto Fernández Díaz.

Así pues, habrá foto de familia con la Carta Municipal.