Una visión sindical de la conferencia de Hong Kong

La próxima semana se reunirán en Hong Kong, territorio autónomo chino, los ministros de Comercio o Economía de 149 países en la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una de las organizaciones intergubernamentales con mayor peso en el sistema de Naciones Unidas cuyas decisiones, muchas veces desapercibidas por los ciudadanos, más influencia tienen en sus vidas.

El principal poder de la OMC es su órgano de solución de diferencias, figura única en el panorama de las instituciones multilaterales, que tiene como función garantizar el cumplimiento de las...

La próxima semana se reunirán en Hong Kong, territorio autónomo chino, los ministros de Comercio o Economía de 149 países en la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una de las organizaciones intergubernamentales con mayor peso en el sistema de Naciones Unidas cuyas decisiones, muchas veces desapercibidas por los ciudadanos, más influencia tienen en sus vidas.

El principal poder de la OMC es su órgano de solución de diferencias, figura única en el panorama de las instituciones multilaterales, que tiene como función garantizar el cumplimiento de las normas comerciales, resolviendo los enfrentamientos entre países. Con capacidad de sanción, autoriza contramedidas cuando un país no modifica sus prácticas o compensa económicamente al Estado perjudicado. Sus decisiones, muchas veces enmascaradas por su jerga técnica y tomadas sin conocimiento de los Parlamentos y las opiniones públicas, repercuten sobre las empresas, el empleo y las condiciones laborales de millones de trabajadores.

La competencia comercial no puede basarse en la explotación de los trabajadores

El movimiento sindical internacional, a las puertas de la constitución de una central mundial unificada, no se opone al incremento de los intercambios comerciales y ha defendido que este comercio se realice con normas e instituciones multilaterales. La experiencia nos demuestra que la proliferación de negociaciones y acuerdos bilaterales no ha llevado a un comercio más justo y equilibrado y, desde luego, no ha servido para resolver el tema agrícola, el asunto más sensible para los países en desarrollo.

Sin embargo, percibimos con preocupación cómo la OMC ha ido acentuando su política de liberalización, de simple apertura de mercados, en detrimento de los aspectos reguladores, limitando y reduciendo el espacio político de los Gobiernos para tomar sus propias decisiones y proteger sus industrias o sus servicios públicos. Al mismo tiempo, cuando regula lo hace influida por poderosos grupos de presión, como el de las multinacionales farmacéuticas que entronizan los derechos de propiedad intelectual frente al derecho a la salud y la vida de millones de personas afectadas en los países más pobres por pandemias como el SIDA, u olvidando las normas laborales o medioambientales, a pesar de los compromisos de los Gobiernos en otras instituciones del sistema de Naciones Unidas.

Frente a este panorama, y en la búsqueda de un sistema coherente y una jerarquía normativa, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de las que Comisiones Obreras forma parte, apoyan la creación, en el marco de Naciones Unidas, de un Consejo de Seguridad Económico y Social que armonice, dé coherencia y vele por el cumplimiento de las normas de las distintas instituciones multilaterales, constituyéndose en el embrión del gobierno democrático de la economía mundial, imprescindible para hacer frente a las consecuencias económicas, sociales, laborales y medioambientales de la globalización.

La competencia comercial internacional no puede basarse en la explotación de los trabajadores y trabajadoras, en el mantenimiento de unos costes laborales ínfimos fruto de la negación de los derechos laborales y sindicales básicos, o en la permanente degradación del medio ambiente. El trabajo decente, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es inseparable del progreso económico y social sostenible. Por ello, las negociaciones deben contar con una evaluación rigurosa, hecha con participación de los sindicatos, de su impacto sobre el empleo, y promover el respeto de los derechos de los trabajadores. La búsqueda de una ventaja competitiva a corto plazo mediante la violación de estos derechos socava las posibilidades de un desarrollo justo y sostenible. Los derechos y principios fundamentales del trabajo, proclamados por la OIT en su histórica declaración de 1998, son los derechos humanos básicos reconocidos internacionalmente para todos los trabajadores/as, independientemente del nivel de desarrollo del país, y abarcan: la libertad sindical, los derechos de huelga y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y de todas las formas de discriminación en el empleo, y la abolición efectiva del trabajo infantil.

Tradicionalmente, los Gobiernos -democráticos o no- de los países del sur han rechazado las cláusulas sociales y laborales en los tratados comerciales, alegando que son una variante del proteccionismo de los países ricos. Hoy, la irrupción de China como potencia exportadora -ya la tercera del mundo tras de Alemania y los EE UU- y su utilización del inaceptable ventajismo de producir manteniendo unos costes laborales bajísimos gracias a la ausencia de democracia y la falta de respeto a los derechos sindicales y laborales, han llegado a afectar a algunos de los países más pobres. Millones de empleos se han perdido en países como Bangla Desh, Sri Lanka, Indonesia, Uganda y varios de Centroamérica como consecuencia del término, en enero de 2005, del acuerdo que establecía contingentes en las exportaciones textiles. Cuando nueve países pobres presentaron, en octubre de 2004, una propuesta al Secretariado de la OMC pidiendo que realizara un estudio sobre el impacto del acuerdo, China (con el apoyo de India y Brasil, entre otros) logró vetarla.

La UE, que ha colocado los derechos laborales entre sus valores fundamentales, necesita demostrarlo teniendo un papel mucho más activo en la promoción de su respeto en las instituciones y, particularmente, en la OMC. En Hong Kong no se debería obviar esta cuestión como sucedió en Cancún. Y lo que se presione a China -por ejemplo, planteando que la UE no le concederá las ventajas del estatus de economía de mercado hasta que no suscriba los convenios de la Declaración de 1998- influirá en otras naciones que padecen una situación parecida de vulneración de los derechos laborales.

Una generalización del desarme arancelario, no regulada adecuadamente, también puede provocar crisis con la consiguiente pérdida de empleos y aumento de la pobreza, tanto en los países del norte como en los del sur. Por ello, deben realizarse estudios de impacto sobre los sectores potencialmente afectados, antes de finalizar las negociaciones, establecer calendarios de aplicación adecuados, facilitar las exportaciones de los países más pobres, y desarrollar políticas de compensación para los sectores afectados. La OMC, la OIT, las instituciones financieras internacionales y los Gobiernos de las naciones desarrolladas deberían proporcionar a los países en desarrollo los recursos financieros -créditos de bajo interés y ayudas a fondo perdido- y técnicos necesarios para aplicar estas medidas, asegurando la participación de los interlocutores sociales en su diseño y ejecución. La cooperación tendría que incluir fondos para infraestructuras y formación. En el caso de la UE, en donde ciertos sectores y empresas pueden verse afectados mientras otros son favorecidos, es urgente poner en marcha el Fondo de Reestructuración que la Comisión propuso crear para ayudar a los trabajadores afectados por la apertura de los mercados.

Las normas comerciales actuales y su liberalización plantean problemas muy complejos en los que se entrecruzan y chocan los intereses nacionales y sectoriales. Estos conflictos llevaron al fracaso a las conferencias de Seattle y Cancún, y podrían propiciarlo en Hong Kong, de nuevo con el enfrentamiento norte-sur sobre el capítulo agrícola como tema principal, aunque ni mucho menos único. El sindicalismo internacional, en su defensa de los intereses generales, va más allá de la defensa de los derechos laborales, y el fomento de un crecimiento que tenga una dimensión social y medioambientalmente sostenible. Apoya también las propuestas que permitan alcanzar los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y que figuran en el Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza, del que forma parte activa junto con miles de organizaciones sociales del mundo. Aunque el comportamiento de muchos Gobiernos mueva al escepticismo, pienso que la Ronda del Desarrollo de la OMC, iniciada en Doha, debiera representar una oportunidad crucial, frente a un creciente sentimiento de frustración provocado por las consecuencias negativas de la globalización, para construir un marco más justo de normas compartidas.

José María Fidalgo es secretario general de Comisiones Obreras.