La moratoria urbanística que pide la UE frenaría la reclasificación de 55 millones de metros

El Parlamento Europeo votará el 15 de diciembre una propuesta de resolución, donde solicita a las autoridades valencianas la suspensión de los PAI a trámite que reconviertan suelo rústico en urbanizable. Esta especie de moratoria paralizaría, de aplicarse, la reclasificación de 55 millones de metros cuadrados de suelo en la Comunidad Valenciana, según la Consejería de Territorio. Entre los ayuntamientos que se verían afectados -un total de 64-, los 36 gobernados por el PP tramitan la conversión de 37 millones de metros, los socialistas 13,8 y el resto, 3,7 millones.

La polémica en torno...

El Parlamento Europeo votará el 15 de diciembre una propuesta de resolución, donde solicita a las autoridades valencianas la suspensión de los PAI a trámite que reconviertan suelo rústico en urbanizable. Esta especie de moratoria paralizaría, de aplicarse, la reclasificación de 55 millones de metros cuadrados de suelo en la Comunidad Valenciana, según la Consejería de Territorio. Entre los ayuntamientos que se verían afectados -un total de 64-, los 36 gobernados por el PP tramitan la conversión de 37 millones de metros, los socialistas 13,8 y el resto, 3,7 millones.

Territorio ha autorizado el cambio de uso de 20,6 millones de metros cuadrados

La polémica en torno al modelo urbanístico valenciano y la aplicación de la LRAU -Ley Reguladora de la Actividad Urbanística- en sus 10 años de vigencia llegó hace unos meses al Parlamento Europeo a través del Comité de Peticiones. Este órgano encargado de atender las quejas de los ciudadanos europeos, aprobó hace una semana una propuesta de resolución que debatirá y votará la Eurocámara el 15 de diciembre. El texto de la propuesta propone a las autoridades españolas y valencianas que suspendan los PAI -Programa de Actuación Integrada- que reclasifiquen suelo -de rústico a urbanizable- hasta que se apruebe una nueva ley que ofrezca garantías a los ciudadanos.

Esta solicitud, que el consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, dijo que veía razonable pese a que no es vinculante -las competencias en urbanismo son exclusivas de la Generalitat- afecta a un elevado porcentaje de los PAI presentados en la Comunidad Valenciana en los últimos meses.

Esta moratoria parcial que se debatirá y votará en el pleno de Estrasburgo a mediados de diciembre paralizaría, si se pusiese en práctica, la reclasificación de 55 millones de metros cuadrados, según datos de la propia Consejería de Territorio y Vivienda. En estos momentos hay 96 actuaciones que reclasifican suelo y que están tramitándose en los servicios territoriales de Urbanismo de la Generalitat. Son en total 55 millones de metros cuadrados y 64 los ayuntamientos afectados.

La provincia de Valencia se pone a la cabeza, con la solicitud de 34 consistorios de reclasificar 23 millones de metros cuadrados, seguida de 17 ayuntamientos de Alicante con otros 21,5 millones de metros cuadrados candidatos a pasar de rústico a no urbanizable; y Castellón, donde 13 corporaciones locales tramitan ante la consejería la reconversión de 10,5 millones de metros cuadrados.

En la mayoría de estos casos el procedimiento de aprobación de los PAI exigiría la reforma o redacción de un plan general de ordenación urbana, que contuviera el modelo de crecimiento del municipio a medio plazo y la garantía de que estos aumentos de población cuentan con suficientes dotaciones de servicios públicos.

Del listado de municipios que se verían afectados por la moratoria, 36 de ellos están gobernados por el Partido Popular y han solicitado la reconversión de suelo rústico a urbanizable de 37,5 millones de metros cuadrados. Entre ellos, según la consejería, se encuentran los PAI de Catarroja, La Nucia o Torrevieja. En los proyectos de Tavernes de la Valldigna, Manises y Carcaixent la consejería está solicitando todavía informes.

En los ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE, un total de 22 de ellos han solicitado la reclasificación de otros 13,8 millones de metros cuadrados, un tercio del que tramitan los consistorios en manos del PP. Las localidades con alcaldes socialistas que verían paralizados sus PAI son, según Territorio, Algemesí, Alginet, Cheste, Gandia, Macastre, Montcada, Picassent, El Puig, Albatera, Elda, Elx, Almenar, Alqueries, Onda y Moncofa. Otros seis municipios gobernados por el Bloc, EUPV y grupos de independientes tienen en trámite otros 3,7 millones de metros. Del Bloc sería el caso del municipio de Llocnou de San Jeroni y Torreblanca; entre los de EUPV estaría el de Salinas y entre los independientes, los de Agost, Llaurí y Beneixida.

Hasta aquí los proyectos en tramitación. Pero desde que comenzó esta legislatura -entre junio de 2003 a octubre de 2005-, la consejería que dirige Rafael Blasco ha reclasificado una superficie en la Comunidad Valenciana de 20,6 millones de metros cuadrados en 49 municipios valencianos. Alicante encabeza la reclasificación de suelo, con 8,5 millones de metros, seguida de Valencia, con 6,6 y de Castellón, con 5,5 millones de metros.

Además, los planes parciales para reclasificar suelo publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana desde junio de 2004 a noviembre de 2005 ascendieron a 157 y fueron presentados a instancias de 92 ayuntamientos.

El boom urbanístico ha coincidido con un proceso de cambio de las leyes urbanísticas vigentes en la Comunidad Valenciana, acometido por Blasco, y en el que la LRAU, que aprobó el gobierno socialista en 1994 y han aplicado durante una década los gobiernos del PP, se sustituirá por la Ley Urbanística Valenciana (LUV).