El Consell ejecutará Parc Castelló a través de una empresa pública que presentará un PAI

La Generalitat ha modificado su idea inicial de ejecutar Parc Castelló a través de la adquisición de suelo mediante expropiación, para optar por su urbanización a través de una sociedad pública que presentará un Programa de Actuación Integrada (PAI). La falta de liquidez de la Administración autonómica para pagar las expropiaciones es el motivo que se perfila como principal causa de este cambio de modelo cuando, según fuentes del grupo municipal socialista, algunos propietarios ya han vendido suelo ante el anuncio de una desfavorable expropiación.

Con el nuevo modelo, los costes de urba...

La Generalitat ha modificado su idea inicial de ejecutar Parc Castelló a través de la adquisición de suelo mediante expropiación, para optar por su urbanización a través de una sociedad pública que presentará un Programa de Actuación Integrada (PAI). La falta de liquidez de la Administración autonómica para pagar las expropiaciones es el motivo que se perfila como principal causa de este cambio de modelo cuando, según fuentes del grupo municipal socialista, algunos propietarios ya han vendido suelo ante el anuncio de una desfavorable expropiación.

Los técnicos alertan sobre "las condiciones de mercado" que afectarán al suelo

La Generalitat pretende evitar la preceptiva cesión de suelo al Ayuntamiento

Con el nuevo modelo, los costes de urbanización correrán a cargo de los propietarios o de la sociedad, con lo que no se reflejarán en las cuentas de la Administración.

Además, la Consejería de Empresa pretende eludir la famosa cláusula de la nueva Ley de Suelo No Urbanizable por la que el urbanizador ha de ceder tantos metros de suelo protegido como superficie tenga que recalificar el Ayuntamiento para posibilitar el proyecto. La única fórmula para llevarlo a cabo sin ceder el espacio protegido es a través de una declaración de interés social. Este hecho marca uno de los reparos expresados a lo largo de todo el informe técnico redactado por el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Castellón quien insiste en que no existe justificación que avale la implantación de este parque y su declaración de interés social. De hecho, la capital de La Plana tiene el 40% del suelo industrial aprobado en la última revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por desarrollar, con lo que los técnicos municipales consideran que "el apoyo al puerto" es la causa que "da razón a la ubicación" elegida por el Consell.

Parc Castelló es uno de los proyectos más señalados de la Generalitat para Castellón. La previsión es que el parque se levante sobre una superficie de más de un millón de metros cuadrados en los que la Consejería de Empresa, a través del Sepiva, pretende desarrollar un 50% de suelo industrial y logístico y destinar otro 16% a usos terciarios.

El centenar de empresas que ocuparían Parc Castelló tendrán que negociar con los propietarios del suelo o con la sociedad mixta creada para su ejecución en lugar de hacerlo con un organismo público. El propio arquitecto municipal insiste en que "se debe asegurar el fin social que se pretende" y añade que "si entra en el mercado en igualdad de condiciones con las demás zonas existentes en Castellón (...) se tendrían dificultades para cumplir el fin que es la razón de ser de la actuación".

La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón trató ayer el dictamen emitido por los técnicos municipales que, pese a ser favorable, plasma destacados reparos a la intención de la Generalitat. Los técnicos realizan recomendaciones en cuanto a la red de saneamiento prevista, sobre la red de distribución de energía eléctrica, la red de alumbrado público, la red de telecomunicaciones y, sobre la red de gas, ya que el proyecto "no contempla la instalación necesaria para la conexión con gasoductos".

Para el grupo municipal socialista, el dictamen deja claros los perjuicios que esta fórmula supone para el consistorio ya que, además de desposeer del suelo protegido que le correspondería por la reclasificación, la Generalitat pretende que el 10% del suelo que debería ceder al Ayuntamiento en concepto de aprovechamiento sea destinado a patrimonio de la Administración autonómica.

Además, según explicó ayer el portavoz socialista, Miguel Alcalde, "los propietarios que han vendido se pueden sentir engañados por el cambio del procedimiento, mientras que habrá que comprobar si se ha realizado alguna compra".