Hacia un modelo urbanístico diferente

Sin duda miles de valencianos se están haciendo la misma pregunta ¿Tienen solución el caos y desastre urbanístico a que nos conduce la política urbanística de Camps y Blasco? Los socialistas pensamos que sí; pero cada día que pasa resulta más difícil porque la situación se va agravando y porque en urbanismo los daños y errores son difícilmente reversibles.

Un instrumento importante para desarrollar un modelo urbanístico diferente son los cambios legislativos. Por ello, el PSPV ha presentado una enmienda a la totalidad con un Texto Alternativo al Proyecto de la ley urbanística valenciana...

Sin duda miles de valencianos se están haciendo la misma pregunta ¿Tienen solución el caos y desastre urbanístico a que nos conduce la política urbanística de Camps y Blasco? Los socialistas pensamos que sí; pero cada día que pasa resulta más difícil porque la situación se va agravando y porque en urbanismo los daños y errores son difícilmente reversibles.

Un instrumento importante para desarrollar un modelo urbanístico diferente son los cambios legislativos. Por ello, el PSPV ha presentado una enmienda a la totalidad con un Texto Alternativo al Proyecto de la ley urbanística valenciana (LUV) del PP.

Los socialistas apostamos por un territorio en el que valga la pena vivir y trabajar, en el que podamos progresar nosotros y nuestros hijos. Esto supone poner unos límites a la urbanización, apostar por una economía diversificada e incluir entre los costes de la urbanización todas las externalidades que conlleva en infraestructuras, equipamientos, servicios o medio ambiente.

Con este objetivo se ha abordado el texto alternativo al proyecto de LUV del PP, cambiando de la ley vigente tan sólo lo necesario. Las principales medidas de esta propuesta se encuadran en cinco grandes líneas que buscan dar respuesta a la preocupación de los valencianos ante la grave situación a que nos ha llevado la política del PP

1. Crecimiento urbanístico con límites.

Es preciso poner unos límites razonables a la urbanización: por evidentes razones medioambientales, pero también sociales y económicas. Estamos a favor del desarrollo; pero en contra de la destrucción del territorio valenciano que ocasionarían las actuales propuestas de 4 millones de nuevas casas para los próximos 10-15 años a las que el gobierno de Camps y Blasco no parece dispuesto a poner limitación alguna.

Por ello, el PSPV hace de este tema el eje de su modelo: la incorporación de nuevo suelo rústico al proceso urbanizador sólo será posible mediante una revisión de los Planes Generales Municipales; y estos deben fijar su crecimiento dentro de unos límites establecidos en Planes Territoriales supramunicipales, que serán especialmente rigurosos en zonas sensibles como el litoral.

Por ello, el PSPV no puede aceptar que se tramiten al margen de esas limitaciones todos los PAI que sobre suelo rústico están hoy propuestos y pendientes de aprobación. Porque si no se hace así -a diferencia de lo que plantea el PP en la LUV- será inútil ya poner límite a los Programas: ¡porque en diez años tendríamos un territorio con más del doble de casas y población que hoy!

2. Apuesta por la oferta de vivienda a precio accesible.

La política del PP ha conducido a una enorme oferta de viviendas de renta libre, a precios muy elevados, inaccesibles para la mayoría, y en gran parte utilizada por una minoría como inversión.

Ante esta situación, el PSPV plantea la exigencia legal de que todas las actuaciones residenciales reserven al menos 1/3 de la edificabilidad para vivienda protegida. No es ninguna locura; la Comunidad Valenciana y Baleares son las únicas Comunidades Autónomas que no han fijado la exigencia de un porcentaje mínimo de VPO. Se establece una excepción para las zonas de viviendas aisladas o dispersas de segunda residencia, pero asegurando su contribución para poder ofrecer VPO en otras zonas del municipio en donde resulten más adecuadas.

Con esta medida se busca asegurar que el crecimiento urbanístico aporte una oferta significativa de viviendas a un precio asequible para la mayoría de los ciudadanos y distribuidas eficazmente por todo el territorio. Para ello, resulta también imprescindible que la legislación estatal elimine los componentes especulativos en la valoración del suelo introducidos en 1998 por el PP.

3. Urbanismo diseñado por los representantes de los ciudadanos y no por los gabinetes de las empresas.

El urbanizador privado estaba concebido en la LRAU como un delegado del Ayuntamiento, que sólo podía hacer lo que este le permitiera; pero el incumplimiento de la letra y del espíritu de la ley por el PP ha convertido con mucha frecuencia al urbanizador en el que está decidiendo el proceso urbanístico y el diseño del territorio. Para el PSPV el cuándo, dónde y cómo urbanizar deben decidirlo los Ayuntamientos, y no los gabinetes urbanísticos de los promotores.

Para asegurar este principio el PSPV refuerza la exigencia legal de que los Ayuntamientos decidan la secuencia del desarrollo territorial, el orden de prioridades y el planeamiento de las zonas de desarrollo más inmediato. Y el promotor que tenga una iniciativa debe someterla a una consulta previa al Pleno municipal sobre su viabilidad y oportunidad. Para evitar propuestas descabelladas puramente especulativas se exige establecer unos plazos máximos para edificar en los solares producidos por los PAI.

4. Gestión urbanística transparente y objetiva.

La no aprobación por el PP del Reglamento de Gestión de la LRAU ha determinado la carencia de reglas objetivas en la determinación del Programa y en la selección del agente urbanizador. El resultado ha sido una enorme discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, con evidente posibilidad de corruptelas.

Por ello, la propuesta del PSPV establece la obligación municipal de fijar unos Criterios y Bases mínimas para el concurso de los PAI, que han de ser públicos y previos. Y para la selección tanto de la alternativa técnica como de la proposición jurídico-económica se establecen unos criterios pormenorizados de interés público que deben ser concretados, objetivados y ponderados relativamente en las bases previas municipales.

Del mismo modo, ante las numerosas quejas de los pequeños propietarios se plantea un abanico de medidas para aumentar su información y para una mayor garantía de sus derechos, recogiendo las sugerencias del Síndic de Greuges.

5. Recuperación del principio constitucional de la participación pública en las plusvalías urbanísticas (artículo 47 de la Constitución Española).

El PP ha ido reduciendo esta participación pública, en beneficio de los particulares, tanto en la legislación estatal como en la autonómica valenciana. Por ello, la propuesta del PSPV plantea recuperar y asegurar este principio constitucional.

Con estas cinco grandes propuestas el PSPV abre el camino hacia un modelo urbanístico diferente: un urbanismo sostenible, que asegure viviendas para todos los niveles económicos, que se piense y ejecute de modo transparente y objetivo y en beneficio de la mayoría.

Pero no basta con una buena ley. Con el PP y Blasco se ha visto la gran diferencia entre la norma y su aplicación: ha incumplido una y otra vez el espíritu y la letra de la LRAU -y no han querido hacer el Reglamento de Gestión de la ley- para permitir un crecimiento descontrolado y lleno de abusos y arbitrariedades.

Además de los cambios legales resulta imprescindible un modelo territorial distinto al del PP que se traduzca en una política urbanística diferente. Se necesita un gobierno diferente, un gobierno de progreso que, también en el urbanismo, ponga por delante los intereses de la mayoría de los valencianos y valencianas.

Eugenio Burriel es Secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE.