Gallardón instalará 26 videocámaras en la plaza Mayor para vigilar a los transeúntes

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, instale 14 cámaras fijas y 12 móviles en la plaza Mayor como forma de controlar este espacio público y prevenir la comisión de hechos delitivos. La comisión, sin embargo, impone cinco condiciones al Ayuntamiento para preservar "la intimidad personal y familiar" de quienes viven en la zona o pasean por la plaza. Este sistema de videovigilancia ya existe en el casco histórico y el eje comercial de Lleida desde 1991.

El gobierno municipal d...

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, instale 14 cámaras fijas y 12 móviles en la plaza Mayor como forma de controlar este espacio público y prevenir la comisión de hechos delitivos. La comisión, sin embargo, impone cinco condiciones al Ayuntamiento para preservar "la intimidad personal y familiar" de quienes viven en la zona o pasean por la plaza. Este sistema de videovigilancia ya existe en el casco histórico y el eje comercial de Lleida desde 1991.

El gobierno municipal dio luz verde el pasado 21 de julio a la instalación de 26 cámaras de videovigilancia en todo el perímetro de la Plaza Mayor para "combatir la delincuencia". Pero la medida, según admitió entonces el edil de Seguridad, Pedro Calvo, no se pondrá en marcha hasta "primavera o verano de 2006", porque antes tenía que recibir el permiso de la Delegación del Gobierno, que a su vez debía consultar a la Comisión de Garantías de Videovigilancia, dirigida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Madrid sólo tiene en la actualidad una zona pública vigilada con cámaras: el Museo al Aire Libre bajo el puente de Eduardo Dato. En el casco histórico y en eje comercial de Lleida este sistema se instaló en 1991. Según el Ayuntamiento, los hechos delictivos se redujeron un 70%

La Comisión de Garantías de Videovigilancia se reunió el pasado 11 de octubre para deliberar sobre la solicitud presentada el 15 de julio por el Ayuntamiento de Madrid, dado que así lo establece la Ley de Videovigilancia 4/1997. Esta norma regula la utilización de sistemas de grabación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a fin de evaluar que haya "idoneidad" entre la finalidad pretendida (proteger la seguridad ciudadana) y la "posible afectación al honor, la propia imagen e intimidad de las personas".

No enfocar las viviendas

Tras evaluar los pros y los contras, la comisión ha resuelto autorizar la colocación de las 26 cámaras. No obstante, impone a Ruiz-Gallardón cinco condiciones "imprescindibles" para garantizar lo establecido por la ley:

1. "Acotar el ámbito físico susceptible de ser grabado, limitándolo a la vigilancia de los viarios y espacios públicos".

2. Que se limite la capacidad de movimiento de las cámaras que por su ubicación tengan un margen más amplio de grabación, de forma que el ángulo de visión de las mismas no permita la captación de imágenes correspondientes a las viviendas, ni sus fachadas, con el fin de preservar el derecho a la intimidad personal y familiar de los vecinos de la plaza.

3. Que se establezca de forma específica quién es la autoridad responsable del Ayuntamiento encargada de la supervisión del adecuado uso de las videocámaras, haciendo constar su identificación y cualificación.

4. Que se establezca un claro y permanente sistema de información al público de la existencia de videocámaras [en la zona].

5. Que antes de la puesta en marcha de las cámaras se realice una comprobación técnica de que se han tomado las cautelas establecidas por esta Comisión de Garantías de Videovigilancia, supervisión que, además, podrá ser realizada por miembros de la misma.

Tras recibir este dictamen, el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, ha enviado un escrito al concejal Pedro Calvo Poch en el que le comunica dicha resolución y le da permiso para que proceda a la instalación de las 26 cámaras cumpliendo todos los requisitos impuestos por la Comisión de Videovigilancia.

Las cámaras podrán captar imágenes durante las 24 horas del día, pero no grabar sonido. Las imágenes serán transmitidas digitalmente -sin necesidad de cable- hasta un centro controlado por la Policía Municipal. Las grabaciones, en caso de no tener utilidad a efectos de investigación judicial, tendrán que ser destruidas en el plazo de una semana, según ha establecido el delegado del Gobierno.

Todo el sistema tendrá un coste de 170.000 euros para las arcas municipales, según los estudios realizados por los técnicos de la Concejalía de Seguridad.

Además, como estipula la ley correspondiente, el Consistorio tendrá que instalar carteles y paneles alertando a los viandantes de que se hallan en una zona controlada mediante cámaras. El Ayuntamiento ha determinado hacerlo mediante 10 paneles que estarán colocados en los accesos a la Plaza Mayor a través de las calles de La Sal, Zaragoza, Gerona, Botoneras, Toledo, Arco de Cuchilleros, Ciudad Rodrigo, Siete de Julio, Arco de Triunfo y Felipe III.

12.000 personas al día

El Ayuntamiento de Madrid calcula que unas 12.000 personas transitan en un día laborable por la Plaza Mayor. Esta cifra se incrementa de forma notable durante los fines de semana y periodos vacacionales, de forma que la plaza y sus soportales llegan a estar repletos de turistas y paseantes. Esto "facilita la comisión de actos delictivos, especialmente de sustracciones al descuido, lo que genera una evidente sensación de inseguridad subjetiva", según fuentes municipales.

La resolución del delegado del Gobierno satisfará las peticiones formuladas por asociaciones de vecinos y comerciantes de la Plaza Mayor que, según fuentes municipales, se han dirigido en repetidas ocasiones al Ayuntamiento de Madrid para solicitar la instalación de videocámaras controladas por la Policía Municipal.

La Oficina Municipal de Turismo existente en la Plaza Mayor es uno de los objetivos predilectos de los carteristas.