Rodríguez de Castro y Osuna declaran el jueves por la Zona Franca
El juzgado empieza a tomar declaraciones en la querella
Los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, responderá de su gestión a partir del jueves ante los tribunales. El juzgado de instrucción número 4 de Cádiz iniciará la toma de declaraciones en la querella que presentaron pasado agosto la Abogacía General del Estado y La Zona Franca por los contratos millonarios que suscribió el organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió.
A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, f...
Los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, responderá de su gestión a partir del jueves ante los tribunales. El juzgado de instrucción número 4 de Cádiz iniciará la toma de declaraciones en la querella que presentaron pasado agosto la Abogacía General del Estado y La Zona Franca por los contratos millonarios que suscribió el organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió.
A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna es por un presunto delito societario. Ambos llegaron al cargo de la mano de su principal mentora: la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.
La querella incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva, a los que el Abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU-. A esta sociedad adjudicaron un contrato para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registró actividad y arrastra un balance deficitario desde que la creó Rodríguez de Castro en 1998. Esta múltiple querella incluye además a Telvent Interactiva (filial de Abengoa), que recibió un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creación la red informática que nunca llegó a funcionar, porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.
Precisamente, el abogado de este dirigente popular, José Luis Ortiz, afirmó hace dos semanas en sede judicial que su cliente fue designado por el PP para "arreglar los desmanes de una casa que era un desastre". También para "limpiar la mierda" que había en el recinto cuando su antecesor, Rodríguez de Castro, se vio obligado a dimitir ante las denuncias de supuestas irregularidades. Se trata de la primera ocasión en la que alguien relacionado con un dirigente del PP afirma que esta formación intentó supuestamente "limpiar" el mandato bajo sospecha de Rodríguez de Castro, como han denunciado en reiteradas ocasiones PSOE e IU.
El juzgado de instrucción nº 3 de Cádiz inició hace un mes la primera acción penal de la Abogacía del Estado por presuntos delitos de estafa, fraude y apropiación indebida contra el ex presidente de Quality Food, Manuel García Gallardo, ex destacado militante del PP de Cádiz, y varios colaboradores suyos.