La Agencia Tributaria sanciona al Ivex por irregularidad fiscal en el pago a Julio Iglesias

La Agencia Tributaria ha impuesto una sanción de 191.000 euros al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por aplicarse de forma incorrecta deducciones fiscales relacionadas con pagos efectuados en paraísos fiscales a diversas empresas en el marco del contrato firmado con el cantante Julio Iglesias para la promoción exterior de la Comunidad Valenciana. Así lo reveló ayer en las Cortes Valencianas el portavoz adjunto del Grupo Popular Rafael Maluenda, durante el debate de dos peticiones de los grupos de la oposición para crear una comisión de investigación en torno al caso Ivex. El...

La Agencia Tributaria ha impuesto una sanción de 191.000 euros al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por aplicarse de forma incorrecta deducciones fiscales relacionadas con pagos efectuados en paraísos fiscales a diversas empresas en el marco del contrato firmado con el cantante Julio Iglesias para la promoción exterior de la Comunidad Valenciana. Así lo reveló ayer en las Cortes Valencianas el portavoz adjunto del Grupo Popular Rafael Maluenda, durante el debate de dos peticiones de los grupos de la oposición para crear una comisión de investigación en torno al caso Ivex. El PP rechazó crear dicha comisión y obvió la existencia de un contrato oculto del Ivex con el cantante.

El PP sorprendió la semana pasada a la oposición al aceptar la inclusión en el pleno de ayer de las peticiones del PSPV y de Esquerra Unida-L'Entesa de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Ivex. El PP había rechazado una y otra vez llevar al pleno dichas iniciativas, presentadas a principios del pasado año, aunque ya en la legislatura anterior la oposición reclamó, sin éxito, que se investigaran las "irregularidades" detectadas en el Ivex, las "posibles implicaciones y responsabilidades políticas que pudieran derivarse" de las mismas y que se analizara "el coste real" del contrato entre el organismo de la Generalitat y Julio Iglesias, firmado en diciembre de 1997. El contrato dado a conocer en su momento, por el que el artista se comprometía a ejercer de embajador de la Comunidad Valenciana, ascendía a 375 millones de pesetas (2.254.000 euros); pero el Consell ocultó que el mismo día se firmó otro documento por valor de 615 millones (3,7 millones de euros). En total 990 millones de las antiguas pesetas (casi seis millones de euros), libres de impuestos.

Y ayer el PP volvió a sorprender. Porque si bien en su primer turno el portavoz adjunto Rafael Maluenda se limitó a hablar de una vertiente del caso Ivex -la referente al ex director del organismo José María Tabares y al empresario Jean Luc Lagier, condenados por los delitos de estafa y falsedad- que no era precisamente la que interesaba a la oposición -que calificó de "burla al Parlamento" la intervención del popular-, en la segunda entró en el asunto del contrato de Julio Iglesias. Y reconoció la existencia de irregularidades que salpican directamente al ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana -quien intervino de forma directa en la operación-, aunque previamente se había esforzado en alabar al actual portavoz del PP en el Congreso. Eso sí, Maluenda eludió cualquier mención al contrato B con Julio Iglesias, que el Consell ocultó -incluso al Síndic de Comptes- y cuya existencia no se confirmó hasta principios del año pasado.

Maluenda reveló que la Agencia Tributaria ha impuesto al organismo exportador una sanción de 191.000 euros por considerar que no son deducibles fiscalmente los gastos abonados por el Ivex a una empresa con domicilio en Hong Kong, por importe de 146 millones de pesetas (877.000 euros), a otra radicada en las Islas Vírgenes, por importe de 9,1 millones de pesetas (55.000 euros), y a otra ubicada en Irlanda, por valor de 163,4 millones de pesetas (982.000 euros). El diputado popular aseguró que "no hay ninguna ilegalidad", sino "sólo una duda en la interpretación" de si los gastos eran deducibles, según recoge el acta de inspección de la Agencia Tributaria, recurrida por el Consell, que, según Maluenda, ha actuado en todo momento "con transparencia" en lo relacionado con el caso Ivex.

Los intentos de los portavoces de la oposición para que el diputado popular explicara el contrato B del Ivex con Julio Iglesias fueron inútiles. El socialista Antoni Such dijo que a su grupo le gustaría saber por qué era necesario firmar, el mismo día que el primero, el oficial, un segundo contrato y por qué se ocultó; por qué se hicieron pagos en paraísos fiscales; quién era el titular de la cuenta secreta de un banco radicado en las islas Bahamas a la que fue a parar parte del dinero del contrato de Julio Iglesias y por qué el Consell siempre ha mantenido una actitud "obstruccionista" para impedir que se conociera todo lo relacionado con los contratos firmados por el Ivex y el cantante, que ha incluido "numerosas irregularidades", además de "bastantes delitos".

Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida-L'Entesa, dijo que el contrato del Ivex con el cantante es "el caso de estafa a la opinión pública y a las Cortes más grave de la historia democrática" valenciana. Oltra aseguró que la Generalitat y el ex presidente Zaplana fueron "cómplices necesarios" de lo que calificó de "estafa a los intereses y el dinero de los valencianos", y agregó que el caso alcanza al actual Consell, que "se juega la credibilidad", y a su presidente, que "ha acabado justificando y asumiendo" estas prácticas.

Al final, las peticiones de creación de la comisión de investigación sobre el caso Ivex presentadas por los dos grupos de la oposición fueron rechazadas en sendas votaciones gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara.