La Vila da 10 días al promotor del Atrium para que presente un proyecto de demolición

El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa ratificó ayer la resolución del Consell por infracción urbanística al promotor del hotel Atrium Beach, que incluye la demolición de 14.470 metros cuadrados de exceso de obra y una multa de 12 millones de euros. El pleno dio un plazo de 10 días al empresario para que presente un proyecto de demolición. El acuerdo salió adelante merced a la mayoría absoluta del PP. La oposición votó en contra por considerar que no se restituye la legalidad urbanística y, además, se ignoran las sanciones al constructor y a los dos arquitectos.

El equipo de gobier...

El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa ratificó ayer la resolución del Consell por infracción urbanística al promotor del hotel Atrium Beach, que incluye la demolición de 14.470 metros cuadrados de exceso de obra y una multa de 12 millones de euros. El pleno dio un plazo de 10 días al empresario para que presente un proyecto de demolición. El acuerdo salió adelante merced a la mayoría absoluta del PP. La oposición votó en contra por considerar que no se restituye la legalidad urbanística y, además, se ignoran las sanciones al constructor y a los dos arquitectos.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que preside José Miguel Llorca, del PP, hizo valer su mayoría absoluta en el pleno para dar carpetazo al expediente por infracción urbanística abierto a Francisco García, empresario de Benidorm y promotor del hotel Atrium levantado en la Cala de Finestrat. La propuesta del concejal del Urbanismo asume, sin modificar una coma, la resolución del Consell del pasado 23 de septiembre y, por tanto, ordena la demolición de 14.470 metros cuadrados de exceso de volumetría y el pago de una multa de 12 millones de euros. El acuerdo del Consell modificó al alza, prácticamente duplicó, la cantidad de obra a derribar acordada entre el Ayuntamiento y el promotor a través de la fórmula urbanística de un Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM). El pacto también incluye la cesión por parte del empresario de 21.000 metros cuadrados de suelo al Consistorio.

El complejo hotelero, de acuerdo a los informes de los técnicos municipales, fue levantado con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados -equivalentes a 11 de las 19 plantas consolidas antes de paralizar la obra, en septiembre del año 2003-.

El acuerdo del pleno requiere a la promotora del hotel, la mercantil Hotel Luna, SA, para que presente un proyecto de demolición en el plazo de 10 días a contar desde la fecha de notificación. La propuesta debe incluir un calendario de inicio de las obras (inferior en todo caso a 15 días desde el visto bueno por parte del Ayuntamiento a la propuesta de la mercantil). En el supuesto de que la empresa incumpla el acuerdo, el Ayuntamiento procederá a su ejecución subsidiaria.

Los tres grupos de la oposición (PSPV, Bloc y Grupo Independiente) votaron en contra de la propuesta del equipo de gobierno. Los portavoces de sendos grupos esgrimieron motivos de forma y, sobre todo, de fondo para rechazar el acuerdo.

El más crítico con la propuesta del PP fue el portavoz del Bloc, Vicent Serra. El edil de la formación nacionalista acusó al Ayuntamiento y al Consell de cerrar en falso el expediente por infracción urbanística incoado a la promotora en septiembre de 2003. Serra recordó que el expediente incluía sendas propuestas de sanción económica de 12 millones de euros para la constructora de la obra y una cantidad similar para el equipo técnico redactor del proyecto, en concreto dos arquitectos. "El expediente se ha cerrado y la resolución ignora esas sanciones, con lo que el Ayuntamiento deja de ingresar otros 24 millones de euros", argumentó. Serra subrayó que el Ayuntamiento tendrá que recurrir a la vía ejecutiva para cobrar la multa al promotor, "porque el expediente ya ha prescrito".

El portavoz del PSPV, Gaspar Lloret, y el edil Independiente, Pedro Lloret, resaltaron el cúmulo de irregularidades administrativas que ha incurrido el expediente, "entre ellas, la fórmula del PRIM, no contemplada en la legislación". Ambos coincidieron en señalar que, en cualquier caso, la resolución final no restituye la legalidad urbanística.