Derechos y privilegios
Votado definitivamente en el Congreso la modificación del Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, con la Ley por fin en vigor, y las parejas del mismo sexo contrayendo matrimonio en la mayoría de los casos sin problemas, se ha acabado con una discriminación histórica, que impedía a muchas personas desarrollar su vida en plenitud de derechos, por el simple hecho de no tener una orientación sexual mayoritaria.
Mucho ha llovido -o mejor dicho debiera haber llovido- desde que el proyecto de ley vio la luz y se empezaron a producir los primeros debates sobre la conveniencia...
Votado definitivamente en el Congreso la modificación del Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, con la Ley por fin en vigor, y las parejas del mismo sexo contrayendo matrimonio en la mayoría de los casos sin problemas, se ha acabado con una discriminación histórica, que impedía a muchas personas desarrollar su vida en plenitud de derechos, por el simple hecho de no tener una orientación sexual mayoritaria.
Mucho ha llovido -o mejor dicho debiera haber llovido- desde que el proyecto de ley vio la luz y se empezaron a producir los primeros debates sobre la conveniencia o no de esta reforma. Visto con perspectiva, como sociedad hemos avanzado con este debate. Al principio se produjeron ataques furibundos en contra de todo lo que supusiera la ampliación de derechos al colectivo homosexual. Más adelante la oposición política -fundamentalmente PP- planteó que "derechos sí, pero que no se llamen matrimonio". Sin duda habíamos progresado. Algunos pudieron pensar que en realidad este progreso -en el caso del PP- era más una cuestión de mercadotecnia electoral que de cambio real. Los que pensaban esto se apoyaban en intervenciones como la del experto (dicho lo de experto con todo el respeto hacia los expertos) -Aquilino Polaina- que demostraban que la oposición a la ley que ampliaba el derecho a contraer matrimonio por parte del PP no era una cuestión terminológica, sino una cuestión de fondo. Pero en aquel momento no había que juzgar sus intenciones. Si ellos lo decían, tendríamos que creerlo. Además, el hecho de que la derecha española defendiera los mismos derechos civiles y sociales para las minorías sexuales y redujera su oposición a la reforma del Código civil a una cuestión puramente semántica, era todo un avance respecto de la última década.
¿Entonces, cómo cabía encajar el discurso de la igualdad de derechos, con la convocatoria de la manifestación del 18 de junio en Madrid y la participación activa de los máximos dirigentes del PP? ¿Cómo encajar el anuncio hecho -nada menos que por el presidente del PP, Rajoy- de la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que amplía el derecho a contraer matrimonio? Resulta difícil seguir creyéndoles. Naturalmente se argumentará que la intención no es recortar los derechos del colectivo homosexual, sino proteger a la familia. Entremos pues entonces de lleno en la cuestión de la familia y su protección.
La familia ha experimentado un gran cambio en las últimas dos décadas. Sólo hay que repasar los datos del INE para darnos cuenta de que la familia tradicional de padre, madre y más de tres hijos -que era la habitual hace 30 años- ha dado paso a múltiples tipos de familia, tan distintas de la tradicional como diversas entre sí. Familias monoparentales, familias reconstituidas, familias tradicionales, familias sin hijos, familias con hijos adoptivos... y también, familias homoparentales, formadas por dos padres o dos madres y sus hijos.
Las familias homoparentales han sido las grandes olvidadas de los discursos de los detractores de la reforma del Código civil y de los manifestantes del día 18 de junio. Este olvido naturalmente incluye a los menores afectados. Lo único que ha importado es que ahora los matrimonios formados por personas del mismo sexo podrán adoptar conjuntamente. El imaginario colectivo conservador tiene una única imagen de esto -bastaba con leer las pancartas-. La imagen es: dos hombres adoptando conjuntamente. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque las mujeres seguimos siendo invisibles, las lesbianas por supuesto, más. En segundo lugar porque existe el prejuicio de que la única manera de tener hijos para las parejas del mismo sexo es mediante la adopción, como si la orientación sexual impidiese la reproducción natural.
Con estos presupuestos, naturalmente, quedan borradas las familias homoparentales. Las que ya existen ahora, no las que se formarán en el futuro. Las familias de gays y lesbianas que ya tienen hijos. Bien, porque los tienen de matrimonios heterosexuales anteriores, bien, porque han adoptado individualmente, bien, porque se han sometido a técnicas de reproducción asistida o los han tenido de manera natural. La realidad es ésta, por mucho que para algunos sea invisible. Este tipo de familia, que ya existe, insisto, con el marco jurídico anterior a la reforma estaba desprotegida. En concreto, los menores, se encontraban en una desprotección absoluta. Su desvinculación jurídica respecto del progenitor no biológico los abocaba a situaciones próximas al dramatismo, ante el fatal suceso de muerte o incapacidad del progenitor biológico o ante casos de separación de los progenitores. Con la reforma estas situaciones podrán regularizarse.
También quedan cosas por hacer para un futuro próximo. La filiación compartida, como recientemente ha reivindicado una pareja, para las mujeres que tengan hijos conjuntamente mediante técnicas de reproducción asistida, queda pendiente. De momento, deberán pasar por los trámites de la adopción del menor por parte de la madre no biológica para gozar de la filiación conjunta.
Durante estos meses de debate alguna gente se ha preguntado: ¿por qué el menor debe tener un vínculo jurídico con quien no es el progenitor biológico? Y la respuesta es: de la misma manera que tienen ese vínculo jurídico los padres y madres adoptantes que, evidentemente, no lo son biológicos. De la misma manera que lo tienen los padres que han consentido una reproducción asistida con semen de donante y por lo tanto no son padres biológicos. De la misma manera que lo tienen las madres que se han sometido a técnicas de reproducción asistida con ovocitos de donantes y por lo tanto no son las madres genéticas, aunque en este caso sí gestantes. Todas estas personas que, aún sin el vínculo biológico o genético, son los verdaderos padres y madres de sus hijos -nadie lo duda- sí que gozan del vínculo jurídico que los acredita como tales. ¿Por qué entonces negar este vínculo jurídico a las familias homoparentales, si ambos progenitores son los verdaderos padres o las verdaderas madres, independientemente de la intervención o no de cromosomas propios? La maternidad y paternidad tienen bastante más que ver con el afecto, el cuidado, la comprensión, la generosidad -en definitiva- con el amor, que con los cromosomas. Esto lo saben muchos padres y madres. En consecuencia, todos los menores deben gozar de los mismos derechos y todas las familias deben gozar de la misma protección por parte de los poderes públicos.
Esto, al parecer no lo comparten los manifestantes convocados por el Foro de la Familia, la jerarquía eclesiástica católica y la derecha política, que ahora recurre esta ley que protege a un sector de menores hasta ahora desprotegido. Hay, a mi juicio, una diferencia que no resiste comparación moral, entre los detractores de esta ley y los que la defendemos; entre los que se manifestaron el día 18 de junio y los que salimos en las manifestaciones con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay-Lésbico. Hay una diferencia abismal entre ellos y nosotros. Nosotros nos manifestamos por los derechos de las familias, extremo que naturalmente incluye a las suyas. Ellos se manifiestan por los privilegios de su familia, extremo que naturalmente excluye a las nuestras. Que el cielo los juzgue. O mejor, juzguen ustedes mismos.
Mónica Oltra es abogada y colaboradora del Col·lectiu Lambda.