Medio Ambiente estudia gravar a los municipios con consumo excesivo
Las reservas de agua en la provincia de Málaga disminuyen día a día. Ayer, los embalses se encontraban a un 33,6% de su capacidad máxima, y los acuíferos a un 35%. Ante la posibilidad de que no llueva en septiembre u octubre, la Junta prepara ya un decreto con medidas para paliar la situación. Entre ellas, se estudian iniciativas como gravar el agua que se suministra en alta (como mayorista) a los ayuntamientos si se supera determinado nivel de consumo, o fijar restricciones en los regadíos desde finales de octubre para garantizar el abastecimiento humano.
"La respuesta municipal ha sid...
Las reservas de agua en la provincia de Málaga disminuyen día a día. Ayer, los embalses se encontraban a un 33,6% de su capacidad máxima, y los acuíferos a un 35%. Ante la posibilidad de que no llueva en septiembre u octubre, la Junta prepara ya un decreto con medidas para paliar la situación. Entre ellas, se estudian iniciativas como gravar el agua que se suministra en alta (como mayorista) a los ayuntamientos si se supera determinado nivel de consumo, o fijar restricciones en los regadíos desde finales de octubre para garantizar el abastecimiento humano.
"La respuesta municipal ha sido buena para ayudar a lograr cierto ahorro de agua, pero podría ser mejor", afirma Juan Corominas, director de la Agencia Andaluza del Agua. Aunque la campaña de ahorro impulsada por la Junta ha logrado reducir el consumo este verano en algo más del 10%, ningún consistorio ha recogido la recomendación de subir el precio del agua en el tercer tramo. Este encarecimiento no afectaría al consumo doméstico normal, sino al excesivo, como el llenado y vaciado de piscinas o el riego de jardines. "Se ha perdido una oportunidad de dar imagen de buen uso y de castigar el exceso", opina Corominas. La Junta, que mantiene reuniones mensuales de seguimiento con los ayuntamientos y regantes de la provincia, insistirá en la conveniencia de adoptar esta medida en el próximo encuentro, que se prevé tenga lugar antes de final de mes. Pero en caso contrario, el decreto incluiría medidas para gravar o prohibir dichos usos excesivos.
Por el momento, la iniciativa más parecida en la provincia la ha adoptado el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, que sancionará con 3.000 euros a los vecinos que utilicen agua potable para llenar sus piscinas privadas, tras aprobar una ordenanza. La alcaldesa, Encarnación Páez (IU), aseguró que en la localidad existe una piscina pública, y que las privadas tendrán que ser llenadas con agua que no pertenezca a la red.