Bilbao controla desde julio el paso de petroleros por el Cantábrico
Los barcos con más de 600 toneladas de hidrocarburos deben notificar su presencia
El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva normativa internacional que obliga a los barcos petroleros de más de 600 toneladas que transporten hidrocarburos pesados a notificar por adelantado su presencia en aguas del Cantábrico y la costa gallega, como medida preventiva de seguridad. Su seguimiento corresponde al Centro de Salvamento y Seguridad Marítima de Bilbao, ubicado en el rompeolas de Santurtzi, así como a a los centros de Finisterre y Madrid.
La aplicación del sistema de notificación obligatoria por adelantado del tránsito de petroleros denominado WETREP (West European Tanker ...
El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva normativa internacional que obliga a los barcos petroleros de más de 600 toneladas que transporten hidrocarburos pesados a notificar por adelantado su presencia en aguas del Cantábrico y la costa gallega, como medida preventiva de seguridad. Su seguimiento corresponde al Centro de Salvamento y Seguridad Marítima de Bilbao, ubicado en el rompeolas de Santurtzi, así como a a los centros de Finisterre y Madrid.
La aplicación del sistema de notificación obligatoria por adelantado del tránsito de petroleros denominado WETREP (West European Tanker Reporting System, en inglés) a esta zona marítima española, especialmente sensible por sus valores ambientales y el intenso tráfico de buques, es consecuencia del acuerdo adoptado en diciembre pasado por la Organización Marítima Internacional (OMI). En esa fecha, la OMI designó al Cantábrico y a la costa gallega Zonas Especialmente Sensibles (ZME), consideración que ya tenía el Canal de la Mancha y otras aguas de fuera de Europa, como la Gran Barrera de Coral de Australia, los Cayos de Florida de Estados Unidos, Sabana-Camaguey de Cuba o la Reserva de Paracas de Perú. Las Zonas Especialmente Sensibles son objeto de protección especial debido a su importancia ecológica, socioeconómica o científica, por lo que que se reconoce la vulnerabilidad de la costa cantábrica ante los daños que pueda causar el tráfico marítimo.
Con el sistema WETREP se refuerzan las medidas de prevención ya existentes en el ámbito de la UE contra la contaminación marítima y el seguimiento de los buques que transportan mercancías contaminantes o peligrosas. También pretende mejorar la capacidad de respuesta en casos de siniestro y rescates en alta mar. Los centros de seguimiento establecidos en España están en Bilbao, Finisterre y Madrid.
Los petroleros de más de 600 toneladas que transporten hidrocarburos pesados deben notificar su presencia antes de entrar en la cornisa cantábrica y las costas gallegas a la estación costera más próxima. La normativa también establece que, después de abandonar un puerto o terminal, los barcos de esas características comuniquen el rumbo previsto, justifiquen cualquier cambio que pretendan introducir e informen detalladamente de la carga que transportan, el tratamiento que recibirá en el puerto de destino, los equipos que disponen a bordo y el número de tripulantes.
El objetivo del sistema es facilitar la puesta en marcha de medidas de búsqueda y salvamento marítimo, para evitar posibles contaminaciones de una manera rápida. De este modo, los sistemas de salvamento se activarán cuando se notifique una emergencia, cuando no se reciba la notificación de un buque cuando debía hacerlo o si no se pueda establecer comunicación con él.
La notificación de la llegada de los petroleros pasará además a todos los centros de control, como el de Bilbao y Finisterre, con dispositivos de separación de tráfico. En este sistema, además de España, están integrados Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido, países que ratificaron el acuerdo de la OMI.
Esta medida se une a otras que desde la Unión Europea (UE) se están llevando a cabo para prevenir la contaminación marítima. Así, el Consejo de Ministros de la UE ha aprobado una directiva y una decisión marco que permite a los gobiernos comunitarios aumentar las sanciones en caso de desastres ecológicos, como el del Prestige.
Las sanciones contemplarán penas de prisión de hasta diez años en función de la intencionalidad del autor y de los daños causados. Ambas normativas podrán aplicarse, como muy tarde, a primeros de 2007, ya que los países comunitarios cuentan con un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para incorporarlo a su derecho interno.