Un mando policial de Málaga dice que el jefe de seguridad encargó el informe sobre Agüera

El intendente mayor de la policía local de Málaga, Juan Ferrer, declaró ayer ante el juez que el director del área de Seguridad del Ayuntamiento, Carlos Rubio, ordenó la elaboración del informe con detalles de la vida privada de la edil Rosa Agüera. Ferrer compareció en el Juzgado de Instrucción número siete en calidad de imputado por la filtración de dicho informe, junto al autor del mismo, el oficial Rafael Rubio. La defensa de la concejal estudia pedir la imputación en el caso de Rubio, cargo de confianza del alcalde, Francisco de la Torre.

Los dos únicos imputados en el caso Agüera,...

El intendente mayor de la policía local de Málaga, Juan Ferrer, declaró ayer ante el juez que el director del área de Seguridad del Ayuntamiento, Carlos Rubio, ordenó la elaboración del informe con detalles de la vida privada de la edil Rosa Agüera. Ferrer compareció en el Juzgado de Instrucción número siete en calidad de imputado por la filtración de dicho informe, junto al autor del mismo, el oficial Rafael Rubio. La defensa de la concejal estudia pedir la imputación en el caso de Rubio, cargo de confianza del alcalde, Francisco de la Torre.

Los dos únicos imputados en el caso Agüera, el intendente mayor Ferrer, máximo responsable del Grupo de Escolta y Menores (GEMAC), y el oficial Rafael Rubio, ofrecieron versiones contradictorias en sus respectivas declaraciones, e incluso reconocieron no tener muy buenas relaciones entre ellos.

Ferrer sostiene que la orden de elaborar el informe partió de Carlos Rubio, ex subdelegado del Gobierno en la provincia que De la Torre fichó como coordinador de distritos y del área de Seguridad cuando el PP perdió las elecciones generales en marzo de 2004. Pero reconoció que él no recibió la orden directamente y que fue el otro intendente mayor, José Berruezo, quien le dijo que Carlos Rubio había pedido al superintendente y jefe máximo del cuerpo, Pascual Sánchez-Bayton, "un informe exhaustivo de las actividades y horario de trabajo de la concejala".

Según Ferrer, Berruezo le dijo al superintendente que la policía "no debía entrar en esas cosas". Añadió que el superintendente consultó con el concejal del área, Antonio Cordero, que también le dijo "que no hiciera nada de eso".

Carlos Rubio siempre ha insistido en que ni él ni ningún mando ordenaron elaborar el informe Agüera, que además de detallar actividades públicas y privadas de la edil contiene apreciaciones sobre sus horarios de trabajo. A la vista de la declaración de Juan Ferrer, la defensa de Agüera podría pedir al instructor, el magistrado Román Martín González López, la imputación de Carlos Rubio, según fuentes cercanas al caso.

En cambio, el oficial que redactó el informe sobre las actividades de la edil, Rafael Rubio, aseguró al juez que no recibió ninguna instrucción y que lo hizo porque lo estimó necesario, ya que el escolta asignado a Agüera había pedido que se le relevara en el servicio porque estaba cansado debido a las largas jornadas de trabajo que realizaba y "para solventar los problemas de seguridad". El oficial reconoció que entregó uno de los dos originales al superintendente y que el otro lo guardó en su armero personal "por que tenía unas peculiaridades distintas y podía afectar a la seguridad de la concejal ya que nunca se hace un informe de este tipo". El intendente mayor Ferrer aseguró que esto es "totalmente anormal", ya que existe un armario donde se guarda toda la documentación del Gemac, al que tienen acceso los cuatro oficiales y dos administrativas.

El oficial Rubio dijo que entregó días después una copia del informe al intendente mayor Ferrer porque se la pidió, algo que éste negó. Ferrer dijo que recibió la copia en una carpeta que permaneció unas cuatro horas sobre su mesa, y que luego la guardó en un cajón que tampoco tiene llaves.

El intendente mayor aseguró no entender la finalidad del informe sobre la concejal Agüera y dijo que ni siquiera ha tenido incidencia sobre la seguridad, pues a la edil se le ha suprimido el servicio de escolta. Aseguró también que nunca los policías adscritos al servicio de escoltas hacen ese tipo de documentos. También dijo Ferrer que otro oficial del cuerpo le informó que tenía órdenes del superintendente de hacer informes exhaustivos de los horarios y actividades de los concejales, y que éste le dijo que no y que sus instrucciones siempre se han limitado a pedir que se actualicen las fichas con datos básicos de los ediles.

Ambos, únicos imputados por un presunto delito de revelación de secreto, negaron haber enviado copias del informe con un escrito anónimo a varios medios de comunicación, que sacaron el caso a la luz.