Clos aplaza la firma de la Carta de Barcelona para acercarse a CiU y PP

El equipo de gobierno municipal y la oposición de CiU y el PP en el consistorio barcelonés se han dado un plazo de 48 horas para intentar llegar a un acuerdo sobre la Carta de Barcelona. En principio, la ratificación del texto estaba prevista mañana entre las tres administraciones: central, autonómica y municipal. La cita se pospone para tratar de llegar a un acuerdo y un apoyo a la ley el viernes, en un pleno extraordinario.

La reunión mantenida ayer entre el alcalde, Joan Clos, y los jefes de todos los grupos municipales sirvió para poner en evidencia que una de las cosas que han mole...

El equipo de gobierno municipal y la oposición de CiU y el PP en el consistorio barcelonés se han dado un plazo de 48 horas para intentar llegar a un acuerdo sobre la Carta de Barcelona. En principio, la ratificación del texto estaba prevista mañana entre las tres administraciones: central, autonómica y municipal. La cita se pospone para tratar de llegar a un acuerdo y un apoyo a la ley el viernes, en un pleno extraordinario.

La reunión mantenida ayer entre el alcalde, Joan Clos, y los jefes de todos los grupos municipales sirvió para poner en evidencia que una de las cosas que han molestado más a la oposición en el tramo final de la negociación de la ley de Barcelona es que el calendario era tan apresurado que no daba lugar a una negociación previa de las enmiendas presentadas y al debate y la aprobación del texto definitivo por parte del Ayuntamiento barcelonés, que fue el que la aprobó inicialmente en 1997. La ley de Barcelona se aprobó entonces con el consenso de todas las formaciones políticas, y lo mismo ocurrió un año después, cuando se presentó en el Parlament.

El panorama es muy distinto ahora, cuando el Gobierno central debe dar forma a la Carta en un proyecto de ley que recoja las cuestiones más sensibles del articulado, como el sistema de financiación y la creación de la justicia de proximidad o de distrito. El acuerdo de texto al que llegaron las tres administraciones no gustó nada a CiU ni al PP, que presentaron enmiendas y alegaciones. Estas propuestas apenas podían ser tenidas en cuenta debido a la premura del calendario pactado entre las tres administraciones -el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad-, que suponía que el texto definitivo se firmaría mañana y el Consejo de Ministros aprobaría casi inmediatamente el proyecto de ley. Después, la ley debe ser aprobada por el Congreso.

En la reunión de ayer, a la que también asistió el concejal de presidencia, José Cuervo, uno de los negociadores del acuerdo en Madrid, se plantearon algunas iniciativas para aproximarse a ciertas exigencias de la oposición, pero sin que ello suponga replantear el fondo del acuerdo alcanzado con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. De hecho, los negociadores del ministerio son informados puntualmente de los cambios propuestos. Por ejemplo, a una de las principales alegaciones de CiU, que exige que el Ayuntamiento de Barcelona tenga participación directa en los impuestos de la renta, IVA y especiales, la propuesta del equipo de gobierno es crear una comisión, en la que estaría la oposición, para revisar ese capítulo si el nuevo Estatut logra incrementar la cesión de impuestos. Esta observación se haría constar en una disposición adicional al texto de la ley. La misma propuesta se ha hecho en el capítulo del despliegue de los mossos, sobre las funciones que debe desarrollar la Guardia Urbana y las del cuerpo de vigilantes.

En cuanto a la oposición del PP al modelo de justicia de distrito, básicamente porque se aparta del sistema por el que se rige el poder judicial, Cuervo hizo la propuesta de que la oposición participe en la selección de las ternas de jueces. Con todo, CiU y el PP insisten en que si no hay modificaciones importantes no votarán la ley. Eso se verá el viernes, en el pleno extraordinario convocado para aprobar el texto final que dará paso a la ley de Barcelona.