La cumbre sobre el Estatuto catalán no resuelve ninguna de las principales discrepancias

La negociación de la reforma del Estatuto entre los partidos catalanes se endurece. La cumbre de los cinco líderes celebrada ayer terminó sin comunicado conjunto y sin desatascar ninguno de los grandes desacuerdos, los relativos a la financiación y el blindaje de las competencias de la Generalitat. El PP se quedó solo en su rechazo a que el primer artículo del nuevo Estatuto diga: "Cataluña es una nación". Pero si los otros cuatro partidos están de acuerdo en esto, CiU ya no coincide con ninguno en cómo debe incluirse en el texto que Cataluña se constituye en comunidad autónoma, de acuerdo con...

La negociación de la reforma del Estatuto entre los partidos catalanes se endurece. La cumbre de los cinco líderes celebrada ayer terminó sin comunicado conjunto y sin desatascar ninguno de los grandes desacuerdos, los relativos a la financiación y el blindaje de las competencias de la Generalitat. El PP se quedó solo en su rechazo a que el primer artículo del nuevo Estatuto diga: "Cataluña es una nación". Pero si los otros cuatro partidos están de acuerdo en esto, CiU ya no coincide con ninguno en cómo debe incluirse en el texto que Cataluña se constituye en comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución.

Convocados por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, los líderes de los cinco grupos parlamentarios catalanes celebraron en la sede del Parlamento autónomo su segunda cumbre sobre la reforma del Estatuto. En las cuatro horas de reunión no se desencalló ninguno de los principales desacuerdos. Sobre la financiación se acordó celebrar una nueva reunión entre los máximos dirigentes políticos a mediados de julio.

La cumbre anterior, celebrada en noviembre en Miravet (Tarragona), sirvió para elaborar el calendario y el método para la reforma. El PP estuvo ayer en desacuerdo incluso sobre el calendario, que el resto mantiene. El objetivo que los otros cuatro líderes siguen considerando alcanzable es que el proyecto sea aprobado por el Parlamento catalán, en comisión, antes de agosto. La socialista Manuela de Madre propuso que la aprobación en el pleno se lleve a cabo el 11 de septiembre, la Diada Nacional de Cataluña.

El presidente del PP, Josep Piqué, calificó el mantenimiento de este calendario como un ejercicio de "voluntarismo". Piqué, que hoy interviene en un mitin de su partido en la campaña de las elecciones gallegas, estaba ayer en una situación muy incómoda. A una semana de los comicios y con su partido manifestándose en Salamanca contra el Gobierno por el retorno a Cataluña de los documentos de la Generalitat republicana requisados en 1939 por la dictadura, le era muy difícil sellar acuerdos con el socialista Maragall, el republicano Josep Lluís Carod y el nacionalista Artur Mas.

Fue por eso que no hubo foto de grupo a la salida de la reunión y, a petición expresa de Piqué, tampoco hubo comunicado conjunto.

Fue sustituido por una declaración del consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, en la que dio cuenta del desarrollo del orden del día: Ratificación del calendario; inclusión de la reforma de la financiación de la Generalitat dentro de la reforma del Estatuto, aunque sin precisar el grado de concreción; principio de acuerdo para debatir más adelante el método para la negociación conjunta de la reforma en las Cortes.

Quieto hasta las gallegas

Tanto Saura como Mas, De Madre y Carod explicaron que no esperan ningún movimiento del PP hasta después de las elecciones gallegas. De momento, CiU, PSC, ERC e Iniciativa Verds acordaron que el primer artículo del nuevo Estatuto diga que "Cataluña es una nación". Con los diputados de CiU y los tres partidos de izquierda se supera la mayoría de dos tercios requerida para aprobar la propuesta, pero no se logra el consenso general al que todavía no se ha renunciado. "En este punto estamos en minoría", dijo Piqué, "pero sin embargo los demás no están de acuerdo en el resto de la definición, donde se ha de constituir Cataluña como comunidad autónoma".

La mayoría de dos tercios está lejos de ser alcanzada en los otros puntos de desacuerdo. CiU rechaza la reducción de las comarcas a simples mancomunidades de municipios; mantiene la exigencia de que la competencia exclusiva de la Generalitat sea definida como "íntegra y excluyente"; mantiene entera su propuesta de modelo de financiación, que PSC y PP consideran fuera del marco constitucional; e introdujo la pretensión de mantener una minoría de bloqueo en la delegación catalana que negocie la reforma en las Cortes.

Uno de los pocos avances fue la aceptación por CiU de que, junto al criterio de bilateralidad en la relación de la Generalitat con el Estado, se introduzca también el de la multilateralidad. Para el PSC, esta concesión de CiU es uno de los grandes avances logrados. También lo es que la federación nacionalista y el PP aceptaran incluir en el texto un título sobre derechos sociales de los ciudadanos que rechazaban.

Hubo un avance parcial sobre la ley electoral. Se decidió reproducir en el nuevo Estatuto el artículo 31.1 del actual, que consagra la elección del Parlamento por "sufragio universal, libre igual, directo y secreto" y garantiza que el sistema electoral "será de representación proporcional y asegurará la adecuada representación de todas las zonas del territorio de Cataluña".

Como en la elaboración del Estatuto en 1979, se encargó a la ponencia que prepare una disposición transitoria sobre normas electorales por si cuando lleguen las nuevas elecciones no se ha aprobado la ley electoral catalana.