La oposición considera insuficiente la dotación de 13 millones para el plan de inmigración

La oposición en bloque criticó ayer en el Parlamento la dotación de 13 millones de euros que el Gobierno central destinará al segundo plan integral para la inmigración en Andalucía, al tiempo que subrayó las carencias del proceso de regularización terminado el pasado 7 de mayo. En Andalucía, un total de 83.171 inmigrantes, la mayoría de ellos marroquíes, han conseguido legalizar su situación, lo que representa el 12,3% del total nacional, según los datos aportados por la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, en una comparecencia parlamentaria.

Naranjo consideró "satisfactorio" e...

La oposición en bloque criticó ayer en el Parlamento la dotación de 13 millones de euros que el Gobierno central destinará al segundo plan integral para la inmigración en Andalucía, al tiempo que subrayó las carencias del proceso de regularización terminado el pasado 7 de mayo. En Andalucía, un total de 83.171 inmigrantes, la mayoría de ellos marroquíes, han conseguido legalizar su situación, lo que representa el 12,3% del total nacional, según los datos aportados por la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, en una comparecencia parlamentaria.

Naranjo consideró "satisfactorio" el proceso de regularización de inmigrantes en España por cuanto, a su juicio, no sólo ha hecho "aflorar la economía sumergida", sino también "garantizar que las condiciones de empleo de los inmigrantes sean idénticas" a las de cualquier otro trabajador español. La consejera enfatizó que el Gobierno andaluz seguirá "reivindicando" al Ejecutivo central "un mayor y más efectivo control laboral" para evitar que se produzcan abusos con los inmigrantes.

En la comparecencia de la titular de Gobernación, a petición propia y de los cuatro grupos de la Cámara, quedó clara las distintas visiones políticas. PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista dejaron clara algunas de sus coincidencias a la hora de abordar el fenómeno de la inmigración, mientras el PP consideró que la regularización "ha acrecentado este déficit estructural", según afirmó su portavoz, Carmen Crespo.

La diputada popular aseguró que el proceso ha estado plagado de "falta de rigor" e "improvisación", ya que, en su opinión, no se ha tenido en cuenta ni el número real de inmigrantes indocumentados, ni ha estado coordinado, ni tampoco la capacidad de acogida del país.

Crespo acusó al Gobierno central de "echar encima de los alcaldes" la responsabilidad de la regularización, el cual en su opinión ha tenido un "efecto llamada terrible" ya que durante la tramitación han entrado en España alrededor de medio millón de inmigrantes.

Naranjo negó tanto esta cifra como la valoración negativa del trámite. "Ustedes siguen sin oír ni escuchar a los ciudadanos", dijo la consejera, quien esgrimió los datos de una encuesta de CIS para resaltar la opinión favorable de los españoles a la normalización de los trabajadores extranjeros.

El portavoz de Izquierda Unida, José Cabrero, indicó que los objetivos previstos por el Gobierno central no se habían cumplido, ya que del millón de inmigrantes contemplados sólo se han admitido 690.000 solicitudes, por lo que el proceso había sido "una oportunidad perdida".

Cabrero sostuvo que se tenía que haber aceptado el 100% de las peticiones y criticó el que el Gobierno andaluz reclame mayor control laboral sobre los inmigrantes. A su juicio, esa dinámica sólo puede conducir a la "expulsión y persecución" y "resucitar una tendencia al esclavismo", por lo que el camino que debe seguirse debe ser el inverso para convertir a Andalucía en un "territorio de la solidaridad".

La andalucista Pilar González reconoció los "avances" logrados con la normalización de los inmigrantes, aunque "no ha resuelto el problema". González abogó por un plan que no sólo contemple los aspectos laborales, sino la integración de los inmigrantes "para evitar problemas de segregación que se han dado en otras zonas de Europa".

Consideró "insuficiente" la dotación de 13 millones de euros para el nuevo programa de inmigración, cuando a la comunidad canaria se le van a otorgar 100 millones. La consejera, que evitó polemizar con la portavoz del PA y el representante de IU, rebajó esta cifra a cinco millones de euros.

El socialista Mario Jiménez se mostró también conciliador con estos dos grupos, aunque con críticas a "algunos planteamientos angelicales", y cargó contra el PP "por trasladar un mensaje negro y catastrofista".