A rectificar
El fracaso cosechado con el Consejo Audiovisual ha tenido, pese a todo, una virtud para los andalucistas y, más en concreto, para su secretario general, Julián Álvarez. Su decisión de desmarcarse del acuerdo que se había suscrito anteriormente con el PSOE e IU, apelando a la necesidad de que hubiera consenso como condición indispensable a la hora de configurar este órgano, se ha visto, a la larga, como la más acertada a pesar del riesgo que corría de quedarse fuera del mismo y del desgaste que suponía,igualmente, no asumir compromisos adquiridos por su partido con anterioridad.
Este asu...
El fracaso cosechado con el Consejo Audiovisual ha tenido, pese a todo, una virtud para los andalucistas y, más en concreto, para su secretario general, Julián Álvarez. Su decisión de desmarcarse del acuerdo que se había suscrito anteriormente con el PSOE e IU, apelando a la necesidad de que hubiera consenso como condición indispensable a la hora de configurar este órgano, se ha visto, a la larga, como la más acertada a pesar del riesgo que corría de quedarse fuera del mismo y del desgaste que suponía,igualmente, no asumir compromisos adquiridos por su partido con anterioridad.
Este asunto, además, les ha deparado la ocasión para que aflore en su plenitud la crisis larvada existente en dicho partido y que, de no mediar una causa externa como ésta, amenazaba con prolongarse a lo largo de la legislatura. Se han precipitado los acontecimientos descubriendo excesivamente pronto los críticos sus cartas, lo que le da oportunidad a Álvarez para plantarse y exigir una mínima lealtad, algo que hasta ahora le niegan los que perdieron el congreso de Torremolinos. De esta forma, la inclusión entre los nombres propuestos por parte del PSOE de Javier Aroca, ex número dos de Antonio Ortega, se ha comprobado, no ya como una torpe maniobra de los socialistas, sino como una espléndida oportunidad para que, si tenían algo de razón en ese sector díscolo, la hayan perdido definitivamente al abrigar esta fatal jugada.
De ahí que una vez que se dieron cuenta del error se apresuraran a rectificar haciendo el ridículo, ya que su afán no era otro más que el de no contaminar el arranque de ese grupo de opinión que quieren poner en marcha. Están más cerca que nunca del abismo, por lo que no se puede descartar que en los próximos días veamos haciendo las maletas como portavoz del grupo andalucista a José Calvo a quien, en todo caso, resulta muy difícil imaginar protagonizando su huida a un hipotético grupo mixto que podría integrar junto a Miguel Romero y Antonio Moreno.
Pero puestos a rectificar es el PSOE quien debe hacerlo con mayor prontitud. Ha de servirle de escarmiento el tropezón cometido. Se ha dado cuenta, quizá demasiado tarde, de que con Izquierda Unida no puede ir ni a la esquina más próxima. De nada sirve llegar a acuerdos con su coordinador general, Diego Valderas, si luego éste es incapaz de hacerlos cumplir por parte de los suyos.
Y en cuanto al PP, es escasa la renta política que pueda obtener de este lío, máxime si se tiene presente que ofrecieron no hacer más guerra del asunto si le daban a cambio tres sillones en el consejo. Este singular cambalache daba cuenta de la altura de miras con la que afrontaban este proceso los populares, por lo que no nos debe extrañar nada de lo sucedido hasta ahora. El parón impuesto debe servir, también, para perfilar mejor la propuesta de candidatos a formar parte de dicho Consejo, eliminando cualquier duda sobre la idoneidad de algunos de los nombres que se han barajado.
Pero para pulso el que ha perdido Miguel Castillejo, quien abandona la presidencia de Cajasur. Dice que lo hace en cumplimiento de las normas impuestas por su obispo, Juan José Asenjo. Tan disciplinada respuesta nada tiene que ver con lo que afirmaba apenas unos meses atrás cuando aseguraba que estaría al frente de la caja "hasta que Dios le diera fuerzas".
Pues bien, parece que las fuerzas se han agotado, por lo que se va y Cajasur pasa a estar bajo competencia de la Junta, de donde nunca tuvo que salir. Ahora, a cobrar su pensión mientras que los jueces dictaminan sobre su legalidad, una resolución que están esperando otros para garantizarse de igual forma su futuro.