URBANISMO AL ROJO VIVO

El Gobierno ratifica la multa de 12 millones al dueño del Atrium

El Consell ratificó ayer la multa de 12.020.000 euros por infracción urbanística a la mercantil Hotel Luna, SL, promotora del complejo hotelero Atrium Beach, levantado en primera línea de la playa de La Vila Joiosa. El complejo excede en 57.000 metros cuadrados -equivalente a 11 alturas- la volumetría autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. El acuerdo del Ejecutivo valenciano cierra el expediente admistrativo abierto en septiembre de 2003 por la Comsión Territorial de Urbanismo.

No obstante, el Consell tendrá que esperar a la resolución de los tribuna...

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El Consell ratificó ayer la multa de 12.020.000 euros por infracción urbanística a la mercantil Hotel Luna, SL, promotora del complejo hotelero Atrium Beach, levantado en primera línea de la playa de La Vila Joiosa. El complejo excede en 57.000 metros cuadrados -equivalente a 11 alturas- la volumetría autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad. El acuerdo del Ejecutivo valenciano cierra el expediente admistrativo abierto en septiembre de 2003 por la Comsión Territorial de Urbanismo.

No obstante, el Consell tendrá que esperar a la resolución de los tribunales para ejecutar la sanción. El dueño del complejo hotelero, una vez que la Consejería de Territorio y Vienda ha rechazado todos sus recursos, ha acudido a la vía judicial. La promotora ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El dueño del hotel, el empresario de Benidorm Francisco García, se mostró parco al valorar la resolución del Consell: "Es la sanción más injusta del mundo", declaró, a través de un portavoz autorizado.

El expediente incoado en septiembre de 2003 incluía otro apartado: la restitución de la legalidad urbanística. Éste último aspecto está pendiente de la redacción de un nuevo Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM). Una vez que se redacte ese documento, Territorio y Vivienda decidirá si se ha restituido la legalidad. "En caso contrario, se procederá a demoler el exceso de obra", precisó ayer un portavoz de la Consejería de Territorio y Vivienda.

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