La CMT tiene el encargo de velar por la competencia en telecomunicaciones con el palo y la zanahoria

"No estamos aquí para que nos quieran". Es una frase que se le oyó pronunciar a menudo a José María Vázquez Quintana, quien fuera el primer presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Venía a decir que no hay mejor garantía de que existe un árbitro neutral que la de que ni Telefónica ni los nuevos operadores alternativos estuvieran contentos con el regulador. La frase resume las fricciones que acompañan el devenir del organismo que hace de árbitro en un sector abierto a la competencia hace menos de una década.

La CMT, que acaba de estrenar su tercer presidente...

"No estamos aquí para que nos quieran". Es una frase que se le oyó pronunciar a menudo a José María Vázquez Quintana, quien fuera el primer presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Venía a decir que no hay mejor garantía de que existe un árbitro neutral que la de que ni Telefónica ni los nuevos operadores alternativos estuvieran contentos con el regulador. La frase resume las fricciones que acompañan el devenir del organismo que hace de árbitro en un sector abierto a la competencia hace menos de una década.

La CMT, que acaba de estrenar su tercer presidente con el nombramiento de Reynaldo Rodríguez tras el truncado mandato de Carlos Bustelo, se creó con el Real Decreto de junio de 1996 que liberalizaba las telecomunicaciones en España y que consagraba los principios de "libre competencia, transparencia e igualdad de trato". Eso es lo que debe hacer la CMT: velar para que estos principios se apliquen en un mercado que hasta finales de los noventa sólo conocía el monopolio de Telefónica. En 1997, el ámbito de actuación de la CMT, que esencialmente se expresa a través de circulares con fuerza legal y, por tanto, de obligado cumplimiento, se extendió a los servicios audioviduales. ¿Cómo se concreta la tarea de un organismo regulador para garantizar la competencia? La CMT lo ha intentado a través de varios instrumentos.

De instrumentos y multas

Entre los más destacables, figuran la llamada Oferta de Interconexión de Referencia (el regulador debe aprobar en qué puntos y con qué costes Telefónica permite a sus rivales acceder a su propia red), la portabilidad de la numeración (conseguir que los usuarios puedan cambiar de compañía sin perder el número de teléfono que tenían), la preselección o preasignación (permitir al usuario que opte por un operador alternativo sin tener que marcar antes un código o prefijo) o la desagregación del bucle local (la CMT vigila en qué condiciones técnicas y a qué precio Telefónica permite a las empresas rivales utilizar el último tramo de su red, el que llega a la casa del usuario).

Garantizar que la competencia funcione ha supuesto aplicar una política de discriminación positiva hacia los operadores alternativos a Telefónica "hasta que éstos tengan suficiente robustez". Una etapa que, para Vázquez Quintana, "aún no ha pasado". A la espera de los datos de 2004, Telefónica continúa controlando, por ingresos, más de dos tercios del mercado (sin telefonía móvil).

El paso del monopolio a la competencia ha comportado una larga lista de sanciones a Telefónica. Al margen de multas de otros organismos, entre las impuestas por la CMT destaca la aprobada en 2002 por los descuentos a los grupos cerrados de usuarios, que ascendió a 18 millones. En 2003 se reforzó la capacidad coercitiva de la CMT, que ya tiene un cuerpo propio de inspectores y puede sancionar incluso a los representantes legales y directivos de los operadores.

Independencia

"En una primera fase, había que ocuparse más de crear un marco normativo, pero en estos últimos años la CMT hace más de policía", explica Antoni Elias, miembro del consejo de un regulador adscrito al antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología (hoy Industria), y que siempre se ha mostrado orgulloso de su independencia.

Esta independencia debía asegurarse para no frustrar el posible interés de los operadores extranjeros por el mercado español. A raíz del traslado de la CMT a Barcelona, el Gobierno ha ceñido la independencia del regulador a su actuación sobre lo que ocurre en el mercado, pero no a los aspectos orgánicos de su funcionamiento, contra el criterio de la propia Comisión, cuyo ex presidente Bustelo tildó el traslado de deportación. La independencia quiso plasmarse en algunos aspectos clave, como su presupuesto (la CMT se financia con las tasas que pagan los operadores, no de los presupuestos del Estado), los mandatos de sus consejeros (seis años frente a los mandatos de cuatro años de los gobiernos) o las dificultades para cesar a sus responsables (en teoría, sólo un juez puede dirimir si la cúpula de la CMT ha incurrido en un "incumplimiento grave de sus obligaciones").

La tarea más importante que tiene entre manos la CMT, por encargo de Bruselas, es analizar los mercados que considere relevantes para determinar periódicamente si en ellos se opera en competencia efectiva y cuáles son los operadores con presencia significativa, para fijarles sus correspondientes obligaciones.