Vivienda impulsará pisos protegidos un 20% más caros para las rentas medias

El Gobierno creará un nuevo tipo de vivienda destinada a las familias de rentas medias que no pueden permitirse el lujo de comprar casa en el mercado libre, pero cuyos ingresos exceden el tope fijado para poder comprar un piso protegido. Estas nuevas casas podrán ser compradas o alquiladas por hogares que superen el tope de ingresos fijado en la actualidad para la VPO (31.003 euros anuales) y que no excedan los 36.640 euros de renta familiar al año. Su precio oficial de venta será cerca de un 20% superior al de la VPO tradicional, pero inferior al del mercado libre. Además, para combatir el fr...

El Gobierno creará un nuevo tipo de vivienda destinada a las familias de rentas medias que no pueden permitirse el lujo de comprar casa en el mercado libre, pero cuyos ingresos exceden el tope fijado para poder comprar un piso protegido. Estas nuevas casas podrán ser compradas o alquiladas por hogares que superen el tope de ingresos fijado en la actualidad para la VPO (31.003 euros anuales) y que no excedan los 36.640 euros de renta familiar al año. Su precio oficial de venta será cerca de un 20% superior al de la VPO tradicional, pero inferior al del mercado libre. Además, para combatir el fraude, los propietarios de una VPO no la podrán vender nunca en el mercado libre.

La VPO atraviesa una de sus peores crisis -apenas un 10% de los pisos que se construyen son protegidos- y el Ministerio de Vivienda quiere impulsar este mercado creando un nuevo tipo de casas dirigido a las familias de rentas medias. Estos nuevos pisos -bautizados como viviendas de precio concertado- supondrán como máximo el 30% de las 180.000 actuaciones anuales que prevé el borrador del nuevo plan estatal de vivienda 2005-2008, que ha elaborado el departamento que dirige María Antonia Trujillo y que ayer fue presentado a las comunidades. El objetivo es que el nuevo plan, que aún no ha fijado un presupuesto, sea aprobado por el Gobierno en junio.

Estos pisos de precio concertado -una figura ya en marcha en algunas comunidades- serán para venta y alquiler. Para poder acceder a uno de ellos, los ingresos familiares deberán estar entre 31.003,5 y 36.640,5 euros anuales, es decir, entre entre 5,5 y 6,5 veces el nuevo Indicador de Rentas Públicas con Efectos Múltiples (sustituto del salario mínimo y que está establecido en 5.637 euros anuales).

Las comunidades podrán aumentar después esa horquilla, en función de una fórmula basada en el nivel de renta de la región. Así, ese tope podría aumentar hasta los 60.000 euros anuales en una ciudad como Madrid que, por otra parte, tiene los precios más altos de la vivienda libre.

El precio máximo de compraventa fijado por el Gobierno será cerca de un 20% superior al de las VPO actuales, aunque inferior al del mercado. Mientras tanto, la renta concertada será aproximadamente la mitad de un alquiler actual en el mercado libre. Por ejemplo, alquilar en Madrid un piso de 80 metros cuadrados útiles de este tipo de pisos vendrá a costar 400 euros al mes.

Esta sustancial subida del precio servirá sin duda para compensar la decisión de Vivienda de no encarecer el resto de tipos de viviendas protegidas. Ésta es una de las principales demandas de los promotores inmobiliarios, que aseguran que si el precio de la VPO no sube al ritmo de lo que lo hace el precio libre, no resulta rentable construir pisos protegidos y que ningún plan público servirá de mucho.

Otra de las medidas estrella del programa, que mantiene el tamaño actual de los pisos (máximo de 90 metros), se centra en la lucha contra el fraude en la VPO. Para combatirlo, los pisos que se financien con el nuevo programa estatal jamás podrán ser vendidos en el mercado libre, porque conservarán siempre su carácter de protegidos. Ahora, los propietarios sólo tienen que esperar unos 10 años para que su vivienda se desclasifique como protegida, aunque depende de las comunidades autónomas.

Registros contra el fraude

Las VPO se podrán vender, pero nunca en el mercado libre, sino a través de dos sistemas: el precio al que se compró en su día actualizado con la inflación o el precio máximo de venta de una VPO en esos momentos. Además, las ventas se podrán llevar a cabo siempre y cuando el propietario haya vivido en esa casa 10 años, excepto por motivos justificados como movilidad laboral, víctimas de violencia de género o terrorismo o la modificación del número de miembros de la familia.

Además, Vivienda quiere que todas las comunidades creen un registro de demandantes y ofertantes de VPO. Sólo ellos podrán comprar esos pisos. Con esta medida se pretende combatir la especulación en torno a la vivienda social, dirigida en principio a las familias de rentas más bajas, pero que en la práctica se ha convertido en un mercado de segunda mano en el que muchos de sus beneficiarios han logrado suculentas plusvalías vendiendo los pisos por encima del precio legal.