El juez reclama a Trabajo informes de empresas del 'caso Turismo'
El magistrado Francisco González Maillo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, ha solicitado al Departamento de Trabajo de la Generalitat que entregue los expedientes originales de la contratación de cuatro estudios realizados por las empresas Gestumer y Socesca. Estas sociedades fueron dos de las beneficiadas por el Consorcio de Turismo de Cataluña para realizar informes inútiles que derivaron en el proceso que se está juzgando hace días en la Audiencia de Barcelona.
Fue a raíz de la instrucción judicial de esa causa cuando el diputado de ERC Joan Ridao descubrió q...
El magistrado Francisco González Maillo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, ha solicitado al Departamento de Trabajo de la Generalitat que entregue los expedientes originales de la contratación de cuatro estudios realizados por las empresas Gestumer y Socesca. Estas sociedades fueron dos de las beneficiadas por el Consorcio de Turismo de Cataluña para realizar informes inútiles que derivaron en el proceso que se está juzgando hace días en la Audiencia de Barcelona.
Fue a raíz de la instrucción judicial de esa causa cuando el diputado de ERC Joan Ridao descubrió que esas dos sociedades implicadas también habían realizado informes "de nula utilidad" encargados por Trabajo. Ridao lo comunicó al juez y éste abrió una nueva causa. Socesca elaboró dos informes y por cada uno de ellos cobró 5.751 euros.
La empresa Gestumer, por su parte, facturó otros dos informes de 5.577 euros cada uno y lo que ahora pretende averiguar el juez es cómo y quién realizó esa contratación y si fue irregular. El magistrado aseguró en su día en una resolución judicial que Gestumer fue "una mera pantalla para desviar dinero público".
Mientras tanto, en la Audiencia de Barcelona acabaron de declarar ayer los testigos en el juicio que se sigue por la supuesta malversación de un millón de euros procedente del Consorcio de Turismo de Cataluña entre 1993 y 1995, cuando lo dirigía Joan Cogul. Fueron testigos de las defensas que aportaron pocos datos novedosos a la investigación judicial, aunque dos de ellos resultaron singulares.
Uno era el sobrino de uno de los acusados, que desconocía por completo el caso porque hace años que rompieron relaciones familiares, y la otra fue una empleada de otra persona que se sienta en el banquillo y que, en un intento de defender a su jefe se encaró al abogado de la Generalitat, que ejerce la acusación en el caso. El presidente del tribunal, Josep Maria Pijuan, la reprendió de manera contundente y cuestionó sus conocimientos sobre derecho penal procesal, dado que la testigo era abogada.