Colectivos cívicos, sindicatos y profesionales de Alicante cuestionan la viabilidad del plan Rabassa

La iniciativa del Ayuntamiento de Alicante de construir 15.000 viviendas en la perifería de la ciudad -en las lagunas de Rabassa- concita el rechazo unánime de colectivos cívicos, sindicatos y profesionales. El grueso de la crítica se centra en la privatización del proyecto urbanístico de mayor calado en la historia de la ciudad y, además, segregado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la descompesación del crecimiento urbano y la fractura social -la urbanización prevé 8.000 casas protegidas-. Los pequeños dueños del suelo denuncian abusivas cesiones en especie forzosa del 60%.
...

La iniciativa del Ayuntamiento de Alicante de construir 15.000 viviendas en la perifería de la ciudad -en las lagunas de Rabassa- concita el rechazo unánime de colectivos cívicos, sindicatos y profesionales. El grueso de la crítica se centra en la privatización del proyecto urbanístico de mayor calado en la historia de la ciudad y, además, segregado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la descompesación del crecimiento urbano y la fractura social -la urbanización prevé 8.000 casas protegidas-. Los pequeños dueños del suelo denuncian abusivas cesiones en especie forzosa del 60%.

Los críticos al plan resaltan que las nuevas 15.000 casas de la periferia producirán un desequilibrio del crecimiento urbano en detrimento del centro

Los residentes del barrio consideran que la propuesta elegida recoge sus aspiraciones, zonas verdes, áreas deportivas y respeto a la tipología

La aprobación inicial del Plan de Actuación Integral (PAI) de las Lagunas de Rabassa, el pasado 26 de abril, ha acumulado ya tanto rechazo social como polvareda política ha levantado. PP y PSPV adjudicaron la urbanización, que ocupará 4,4 millones de metros cuadrados, a la firma Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, del promotor local Enrique Ortiz. El adjudicatario plantea 15.000 viviendas -el 60% del nuevo parque inmobiliario será de protección oficial-, un área verde y edificaciones comerciales. La proposición jurídico-económica de la mercantil evalúa el suelo en 248,9 millones de euros y cifra en 149,1 millones las cargas de urbanización. También incluye una opción de retribución en especie forzosa con un coeficiente del 0,599.

Las características del plan (densidad de edificación y concentración de viviendas sociales), el hecho de que su aprobación se haya segregado del proyecto de revisión del PGOU y su impacto ambiental ha llevado a los sectores sociales y profesionales de Alicante a alinearse con los propietarios en su rechazo a la urbanización. Los detractores del proyecto alertan de su imprevisible impacto socio-urbanístico no sólo en la barriada -al noroeste de Alicante- sino en el conjunto de la ciudad.

- SALVEM EL BENACANTIL

Francisco Huesca, miembro del colectivo Salvem el Benacantil, que lideró a la oposición al palacio en la ladera del monte, comenta así el plan. "No considero correcto ni ético sacar el plan del PGOU. El PP con la anuencia del PSPV, en lo que parece un pacto inmobiliario, gestiona a salto de mata".

- CC OO Y UGT.

Los líderes de CC OO y UGT en L'Alacantí mantienen una opinión similar a la hora de rechazar el proyecto. Óscar Llopis, de UGT, resalta: "El plan tendría que ir dentro del PGOU y en base a un modelo de crecimiento urbano sostenible y no de crecimiento disperso. Las nuevas 15.000 viviendas pueden producir un desequilibrio urbanístico en detrimento del centro". Su colega de CC OO, José de la Casa, abunda en ese sentido y destaca la demagogia del PP al "justificar la urgencia del plan en las 8.000 viviendas oficiales". "Han tenido ocho para aumentar ese parque de manera integrada y ahora lo quieren hacer albergando todas en la misma zona", explica.

- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Carlos Arribas, portavoz en Alicante del colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano, esgrime tres argumentos para rechazar el programa urbanístico. "La propuesta final del promotor, en cuanto a la densidad de la edificación, no tiene nada que ver con el convenio urbanístico aprobado por el Ayuntamiento en 2002. 15.000 viviendas tendrán con toda seguridad un impacto negativo en el humedal y la concentración de las viviendas oficiales puede originar una fractura social".

- COLEGIOS PROFESIONALES.

Arquitectos, urbanistas y ente oficiales del ramo como el Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante expresan sus dudas ante la viabilidad del PAI. Manuel Ayús, doctor en arquitectura, razona así su oposición a la propuesta urbanística: "La edificabilidad que se plantea es disparatada. Las 15.000 viviendas programadas supondrán 45.000 nuevos residentes, un 10% del censo actual de la ciudad. Además, se observa una falta de criterio a la hora de protección de las lagunas. La fórmula del parque urbano no parece la más idónea". Junto a Ayús, otros expertos en urbanismo de la ciudad, entre ellos José Ramón Navarro Vera, catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante, han expresado públicamente sus reparos y críticas al modelo de crecimiento urbano alentado por el Ayuntamiento, basado en la hegemonía de los promotores.

- ABUSOS URBANÍSTICOS NO.

La entidad urbanística Abusos Urbanísticos No -plataforma impulsada hace tres años por residentes extranjeros propietarios de suelo afectados por proyectos al amparo de la LRAU- divide sus análisis respecto al plan Rabassa en dos apartados: el jurídico y el urbanístico. Un portavoz del colectivo resalta que la aprobación inicial del PAI es ilegal, "porque incumple la legislación de la Comisión Europea en materia de contratos públicos", precisa. "Proyectos de esas características es necesario su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea, en aras de los principios de transparencia y competencia", añade. Este portavoz asegura que la asociación ha instado a los pequeños propietarios del suelo a presentar en el registro del Ayuntamiento denuncias ese sentido. En el segundo aspecto, el portavoz criticó la privatización del plan fuera del PGOU.

- PROPIETARIOS DEL SUELO.

Los pequeños propietarios del suelo (un centenar que controla unos 600.000 metros cuadrados, el resto pertenece a cuatro grupos familiares) son los más tajantes al oponerse al plan . "La urbanización la vamos a pagar nosotros, en metálico o en especie forzosa, y no ganaremos nada, porque con las cesiones abusivas dejarán sin un palmo de suelo", dijo Miguel Barceló, portavoz de los afectados. "El único que va ganar es el promotor, que no es dueño ni de un metro cuadrado", añadió.

- VECINOS.

Los residentes en Rabassa (un enclave de un millar de personas de clase media-baja) son los menos críticos con la futura urbanización. Antonio Balibrea, sociólogo y presidente de la Asociación de Vecinos Rabassa, la propuesta por la que optado el Ayuntamiento recoge, inicialmente, las principales aspiraciones de la barriada: "Contar con una zona deportiva, proteger las lagunas y, su entorno, que, a priori, se puede materializar con el parque urbano y mantener la tipología de la edificación en la zona próxima al barrio, poblada por casas bajas. Según el proyecto, en esa área se levantarán chalés", razona. Balibrea destaca la única condición de los vecinos: "Antes tiene que ejecutarse la segunda fase del PERI de Rabassa, que incluye 360 viviendas sociales".

- PATRONAL

Ninguno de los líderes de las organizaciones empresariales de la provincia de Alicante (Coepa, Cámara de Comercio y Constructores) accedió ayer a dar su opinión al plan Rabassa. El titular de Cámara, Antonio Fernández Valenzuela, declinó opinar y los de Coepa y Constructores, Joaquín Rocamora y Ramón Jérez, respectivamente, alegaron motivos de agenda.