Blasco apremia a que se reponga la legalidad en el Atrium Beach

La Consejería de Territorio envió el 26 de abril un escrito al Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, pidiéndole que le informe de las medidas que ha tomado para reponer la legalidad urbanística en el hotel Atrium Beach -exceso de edificabilidad de 53.000 metros-. En el escrito, Territorio y Vivienda señala que en "reiteradas ocasiones" ha recordado al Ayuntamiento su obligación de cumplir con el acuerdo del Consell del pasado 24 de septiembre de 2004, por el que se instaba a la restitución de la legalidad urbanística, infringida por el Hotel Luna, promotora del complejo.

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La Consejería de Territorio envió el 26 de abril un escrito al Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, pidiéndole que le informe de las medidas que ha tomado para reponer la legalidad urbanística en el hotel Atrium Beach -exceso de edificabilidad de 53.000 metros-. En el escrito, Territorio y Vivienda señala que en "reiteradas ocasiones" ha recordado al Ayuntamiento su obligación de cumplir con el acuerdo del Consell del pasado 24 de septiembre de 2004, por el que se instaba a la restitución de la legalidad urbanística, infringida por el Hotel Luna, promotora del complejo.

Según el departamento de Blasco, el Ayuntamiento, hasta la fecha, no ha puesto fin al expediente de tramitación, por lo que se le requiere que en el plazo de diez días le remita una "información completa y concreta", antes del 10 de mayo, sobre el estado del expediente relativa al restablecimiento de la legalidad". "De no cumplir la obligación de demoler lo ilegalmente construido", dice el escrito, la administración pasará a "adoptar las medidas necesarias para que se cumpla el acuerdo del Consell".

El portavoz del grupo socialista en La Vila, Gaspar Lloret, dijo ayer a Europa Press que Rafael Blasco ya se había pronunciado sobre el procedimiento a seguir y que "lo que sorprende" es que un ayuntamiento "no atienda a las resoluciones de una instancia superior". Lloret apuntó que esta diferencia de interpretación podría deberse a la "guerra entre campistas y zaplanistas".

El portavoz del gobierno local, Marcos Santapau, aseguró no tener constancia del requerimiento de Blasco. "Se puede demostrar [que no hay carta] por el registro de entrada" del Ayuntamiento, dijo.