Chaves propone un Estatuto basado en la codecisión con el Estado

aLa propuesta del PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, presentada ayer en Carmona (Sevilla), tiene un marcado tinte social, amplía y blinda el paquete actual de competencias para evitar la invasión de la legislación básica estatal e incluye una batería de iniciativas para codecidir con el Estado en materias que le afectan, pero formuladas desde una posición de inequívoca lealtad institucional y pertenencia a España.

La propuesta socialista apunta algunos principios generales sobre la financiación de la comunidad, como el de considerar "esencial" el criterio de la...

aLa propuesta del PSOE para la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, presentada ayer en Carmona (Sevilla), tiene un marcado tinte social, amplía y blinda el paquete actual de competencias para evitar la invasión de la legislación básica estatal e incluye una batería de iniciativas para codecidir con el Estado en materias que le afectan, pero formuladas desde una posición de inequívoca lealtad institucional y pertenencia a España.

La propuesta socialista apunta algunos principios generales sobre la financiación de la comunidad, como el de considerar "esencial" el criterio de la población, incluida la inmigrante.

Más de dos centenares de personas asistieron ayer en Carmona, la localidad sevillana donde se redactó el Estatuto actual, a la presentación del documento del PSOE andaluz por parte de su secretario general y presidente de la Junta, Manuel Chaves.

El único aplauso que éste arrancó de los asistentes fue cuando de manera indirecta se refirió, sin citarla, a la iniciativa del Gobierno tripartito de Cataluña sobre financiación. "No puede haber privilegios de unos territorios sobre otros o a costa de otros. Esto también vale para el sistema de financiación", dijo.

La propuesta del PSOE, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, define a Andalucía como una nacionalidad, una mención que ya viene en el texto actual. El PSOE, sin embargo, no pone el acento en las cuestiones de identidad, sino, sobre todo, en las sociales.

En este sentido, los socialistas proponen la inclusión de un nuevo título relativo a la educación, sanidad, protección de menores, mayores, familias e integración de las personas discapacitadas y dependientes, que se regulará mediante ley. Lo más destacado es que los titulares de estos derechos "serán todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía", por lo que se incluye a los inmigrantes.

En cuanto a la relación de Andalucía con el Estado, los socialistas apuestan de manera clara por la fórmula de codecisión en aquellas materias que les afectan. Así, defienden la participación en la planificación de las inversiones del Estado en el territorio andaluz, la presencia en los Consejos de Ministros de la UE dentro de la delegación española cuando se debaten temas de su exclusiva competencia y la participación en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de consejeros del Consejo General del Poder Judicial, así como los órganos reguladores de carácter estatal, entre los que los socialistas incluyen, sin citarlos, el Banco de España, la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

En cuanto a las competencias, el PSOE quiere reforzar el autogobierno y evitar la sustracción de las mismas por la invasión de la legislación básica estatal. De este modo afirma que "conviene especificar pormenorizadamente" las competencias y, a las ya contempladas, suma un amplio paquete, entre las que destacan dos: la de fijar los cupos de inmigrantes y el control de su contratación laboral, y la de gestionar los ingresos de la Seguridad Social "con garantía del mantenimiento de la Caja Única". También figuran los puertos, aeropuertos y ferrocarriles, la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la de museos, archivos y bibliotecas.

En sintonía con la tesis del PSOE de que los estatutos no pueden fijar unilateralmente el sistema de financiación, la propuesta de Chaves sólo apunta algunos principios, como el de la población real actualizada como baremo para el reparto.