La grúa de Valencia dice que cumple la ley y la oposición exige al PP que aclare la gestión de coches abandonados
La contrata de la grúa de Valencia, la unión temporal de empresas Servicleop-Cleop, defendió ayer que cumple las normas para retirar y destinar al achatarramiento los vehículos retirados de las calles y rechazó las denuncias de descontrol en la gestión realizadas por los grupos municipales de EU-L'Entesa y el PSPV. El administrador de la grúa, Carlos Turró, aseguró que en los últimos dos años han contabilizado 30.000 vehículos inmovilizados o abandonados -en chatarra se convierten entre 4.000 y 5.000 coches anuales-, y que sólo hay abiertos ocho expedientes -de una docena- de responsabilidad p...
La contrata de la grúa de Valencia, la unión temporal de empresas Servicleop-Cleop, defendió ayer que cumple las normas para retirar y destinar al achatarramiento los vehículos retirados de las calles y rechazó las denuncias de descontrol en la gestión realizadas por los grupos municipales de EU-L'Entesa y el PSPV. El administrador de la grúa, Carlos Turró, aseguró que en los últimos dos años han contabilizado 30.000 vehículos inmovilizados o abandonados -en chatarra se convierten entre 4.000 y 5.000 coches anuales-, y que sólo hay abiertos ocho expedientes -de una docena- de responsabilidad patrimonial por reclamaciones de los propietarios, una cifra en su opinión "ridícula y que es prueba de la buena gestión". Los expedientes son por denuncias de daños y en algunos casos porque no se han podido recuperar los coches, lo que la empresa relaciona con el incendio del depósito en 2003. Turró afirmó que se cumple "estrictamente" la ley estatal y destacó de la misma que permite considerar residuo sólido a achatarrar un vehículo abandonado en un mismo lugar un mes y con desperfectos esenciales que impiden su conducción. El Ayuntamiento recomienda una serie de "precauciones" para casos de duda, como notificaciones al propietario, criterios que la empresa aplica total o sólo parcialmente hasta tener "la absoluta seguridad" de que no destruirá un vehículo susceptible de ser reclamado, según Turró.
La contrata considera que es objeto de una "campaña de acoso" por parte de EU-L'Entesa, que denunció la posible eliminación de unos 2.000 vehículos sin respetar todo el procedimiento. La concejal María Victoria González replicó que su función "es fiscalizar la gestión del equipo de gobierno". Tanto González como el concejal socialista Matías Alonso insistieron en que los expedientes deben incluir órdenes de achatarramiento del Ayuntamiento, que la empresa no ve necesarias si hay otras garantías, y el certificado de su destrucción, y exigen que se aclare la gestión de coches abandonados. González anunció que presentará en el pleno de hoy una moción para que se cree una comisión de investigación. El PSPV apoyará esta moción si no hay respuesta a su petición de datos. Tras ocho días de polémica, el concejal popular Miguel Domínguez tiene previsto responder hoy a esta solicitud. La contrata, según el concurso, debe tener los datos informatizados.