El juicio por el 'caso de las cesiones de crédito' se iniciará en otoño
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, absuelto por el caso de las retribuciones millonarias, tiene aún pendiente en la Audiencia Nacional el caso de las cesiones de crédito, cuyo juicio está previsto para el próximo otoño. No obstante, y a la vista del número de macroprocesos pendientes, de celebrarse en esa jurisdicción -la mayoría causas con presos, que son prioritarias- es muy probable que el juicio se retrase hasta la primavera de 2006.
En octubre de 2004, la juez Teresa Palacios, instructora también del caso de las retribuciones, abrió juicio oral contra Emilio Botín y o...
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, absuelto por el caso de las retribuciones millonarias, tiene aún pendiente en la Audiencia Nacional el caso de las cesiones de crédito, cuyo juicio está previsto para el próximo otoño. No obstante, y a la vista del número de macroprocesos pendientes, de celebrarse en esa jurisdicción -la mayoría causas con presos, que son prioritarias- es muy probable que el juicio se retrase hasta la primavera de 2006.
En octubre de 2004, la juez Teresa Palacios, instructora también del caso de las retribuciones, abrió juicio oral contra Emilio Botín y otros tres antiguos directivos de la entidad -Rodrigo Echenique, actual consejero del banco, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso- por su participación en el caso de las cesiones de crédito de nuda propiedad, unos activos financieros fiscalmente opacos que el banco comercializó a finales de los ochenta. Botín, Echenique, Uclés y Alonso están acusados de cuatro delitos continuados de falsedad y 30 delitos fiscales.
Además, también serán juzgados un total de 28 clientes del banco a los que únicamente se acusa de un delito fiscal.
Ni el fiscal ni el abogado del Estado formularon escrito de acusación, pero la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes solicita para Botín, Echenique, Uclés y Alonso penas que suman 180 años de prisión y multa de 46,2 millones de euros, para cada uno, por 36 delitos fiscales, falsedad continuada en documento oficial y falsedad continuada en documento mercantil.