El Gobierno plantea despolitizar los órganos directivos de la CCRTV

El Gobierno catalán presentó ayer su propuesta para sustraer a los órganos de dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) del control político. El documento, que servirá a la ponencia parlamentaria para elaborar la nueva ley de este ente público, prevé que los miembros del Consejo de Administración sean escogidos por el Parlament a propuesta del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), y no de los partidos políticos.

El documento elaborado por el tripartito otorga al órgano de control de contenidos de los medios audiovisuales, el CAC, amplios poderes al confeccionar...

El Gobierno catalán presentó ayer su propuesta para sustraer a los órganos de dirección de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) del control político. El documento, que servirá a la ponencia parlamentaria para elaborar la nueva ley de este ente público, prevé que los miembros del Consejo de Administración sean escogidos por el Parlament a propuesta del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), y no de los partidos políticos.

El documento elaborado por el tripartito otorga al órgano de control de contenidos de los medios audiovisuales, el CAC, amplios poderes al confeccionar la relación de miembros del Consejo de Administración, que pasa a denominarse consejo de gobierno y amplía sus funciones. De acuerdo con la propuesta, será el CAC el que facilitará al Parlament una relación de candidatos atendiendo "únicamente" a criterios profesionales. De entre éstos, la Cámara escogerá, por mayoría de tres quintas partes, a los miembros del consejo, que ejercerán sus funciones durante seis años no prorrogables.

La actual correlación de fuerzas en el hemiciclo obligaría al tripartito (con 74 escaños, 7 menos que la mayoría requerida) a conseguir el apoyo de algún grupo de la oposición, Convergència i Unió (CiU) o el PP. Más quórum requerirá aún nombrar al presidente del consejo, cuya elección requiere el acuerdo de dos tercios de los diputados. Con esta propuesta, el presidente ampliará sus poderes: ostentará la representación institucional de la corporación y se encargará de rendir cuentas ante el Parlament. El presidente será uno de los siete miembros del consejo, cuya cifra también se reduce (ahora son 12) con el objetivo de evitar el reparto de cuotas entre los partidos.

La propuesta abunda igualmente en la profesionalización de los miembros del consejo, que tendrán dedicación exclusiva (salvo en el caso de profesores universitarios) y se verán sometidos al régimen de incompatibilidades propio de los altos cargos de la Generalitat.

La figura del director general sufrirá igualmente un cambio sustancial. En lugar de ser nombrado por el Ejecutivo, lo será por el propio consejo de gobierno a partir de una convocatoria pública. Si el presidente ostentará una función representativa, el director general ejercerá el poder ejecutivo, aunque dejará de tener voto en el consejo, que nombrará también a los máximos directivos de TV-3 y de Catalunya Ràdio, las empresas filiales de la Corporación.

El ente público, además, cambiará de nombre y pasará a denominarse Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. La intención es, según el texto, adaptarse a "la irrupción de nuevas tecnologías en el ámbito audiovisual".

En cuanto a la programación, el documento de trabajo del Gobierno fija los porcentajes dedicados a entretenimiento, información y educación, que serán definidos y evaluados por un consejo asesor, formado por 20 miembros.

Vía abierta al canon

Los programas de entretenimiento de las cadenas generalistas no podrán rebasar el 25% de la programación. Aunque no es su objetivo principal, el texto recoge sugerencias sobre financiación. Entre los ingresos previstos para TV-3 y Catalunya Ràdio, cita los "derivados de tasas que específicamente se creen con esta finalidad", en alusión a la creación de un canon que gravaría los aparatos de televisión y que se aplica en algunos países de la UE.

No obstante, el primer consejero de la Generalitat, Josep Bargalló (que hizo entrega del documento al presidente del Parlament, Ernest Benach), matizó que no hay decisión alguna sobre un canon y subrayó que ésta es sólo una de las "múltiples posibilidades" que tendrá el ente para obtener ingresos.