La OCU pide que el dinero sirva para crear un fondo contra estafas similares
El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, pidió ayer que
los 2,11 millones de euros devueltos por los implicados en el fraude de las gasolineras sirvan para crear un fondo de lucha contra este tipo de conductas. Múgica recordó que es imposible resarcir a las decenas de miles de ciudadanos estafados a lo largo de los años y añadió que lo lógico es que este dinero sirva para luchar contra los fraudes a los consumidores, financiando por ejemplo la realización de estudios técnicos, de forma similar a como se hace con los bienes de los narcotraficant...
El director de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, pidió ayer que
los 2,11 millones de euros devueltos por los implicados en el fraude de las gasolineras sirvan para crear un fondo de lucha contra este tipo de conductas. Múgica recordó que es imposible resarcir a las decenas de miles de ciudadanos estafados a lo largo de los años y añadió que lo lógico es que este dinero sirva para luchar contra los fraudes a los consumidores, financiando por ejemplo la realización de estudios técnicos, de forma similar a como se hace con los bienes de los narcotraficantes.
De hecho, el escándalo se destapó gracias a un estudio realizado por la OCU a partir de la denuncia a EL PAÍS de dos empleados de una estación del grupo Villanueva.
Múgica expresó ayer su satisfacción porque se haya reconocido la existencia del fraude, pero lamentó la tardanza de más de siete años en un proceso que empezó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha terminado en la Audiencia Nacional. También advirtió de la necesidad de plantearse si estos delitos deberían llevar aparejada la inhabilitación, pues "no puede ser que alguien crea que es rentable estafar a los consumidores".
Este caso ha servido para cambiar el sistema de inspección de las estaciones de servicio. El mecanismo fraudulento, conocido en el argot del sector como bicho, alteraba los impulsos eléctricos que transmiten al contador del surtidor la cantidad de combustible suministrada por la manguera. Para ello, se rompían los precintos y se extendía un cable hasta un habitáculo con un interruptor.
EL PAÍS puso al descubierto el mecanismo fraudulento, pero la Comunidad de Madrid se negó a abrir los surtidores hasta que el fiscal Emilio Valerio envió a la policía y verificó las manipulaciones.