Un acusado declara que pagó a Cogul el 70% de lo que facturó a Turismo

Jaume Amenós, uno de los 12 acusados de malversación en el Consorcio de Turismo de Cataluña, realizó ayer una descripción sobre el funcionamiento de ese organismo en la época de CiU más propio de la cueva de Alí Babá que de una entidad pública. El inculpado admitió sin reparos que cobró 88.365 euros por redactar cinco informes sobre el sector turístico copiados e inútiles, y que el 70% de ese dinero se lo entregó a Joan Cogul, el director del consorcio, que fue quien se los había encargado.

Se da la circunstancia, además, de que Amenós era un empleado del consorcio cuando sucedieron los...

Jaume Amenós, uno de los 12 acusados de malversación en el Consorcio de Turismo de Cataluña, realizó ayer una descripción sobre el funcionamiento de ese organismo en la época de CiU más propio de la cueva de Alí Babá que de una entidad pública. El inculpado admitió sin reparos que cobró 88.365 euros por redactar cinco informes sobre el sector turístico copiados e inútiles, y que el 70% de ese dinero se lo entregó a Joan Cogul, el director del consorcio, que fue quien se los había encargado.

Se da la circunstancia, además, de que Amenós era un empleado del consorcio cuando sucedieron los hechos, en 1993, y percibía un sueldo mensual de 400.000 pesetas (unos 2.400 euros). Aquel año el organismo que dirigía su amigo de Reus Joan Cogul le encargó la redacción de cinco informes sobre la situación del turismo en Cataluña, Francia y los Países Bajos, así como un inventario sobre las agencias de viajes de Cataluña y sobre el turismo en autocar en el año 1992.

Los estudios fueron facturados por dos empresas administradas por Amenós: Jam Gestions i Serveis, SL, y Ecotur. Eran sociedades creadas únicamente para ese fin, sin personal ni medios, según el relato del fiscal y según reconoció ayer el propio acusado.

Las adjudicaciones se hicieron de forma directa y sin que conste por escrito ningún encargo. El propio Amenós, con antecedes penales por estafa y apropiación indebida, declaró que el 30% del dinero facturado se lo quedó él y que el 70% se lo reintegró a Cogul, excepto en un caso en que fue a parar a unos operadores turísticos británicos. En total, lo que percibió Cogul de las arcas públicas por esos cinco informes fueron 8,2 millones de pesetas (49.881 euros) y lo que finalmente se quedó Amenós asciende a 4,4 millones de pesetas (26.509 euros). Con todo, antes de empezar el juicio Amenós reintegró al tribunal los 88.365 euros que había facturado al consorcio, en un intento de rebajar una posible condena por reparación del daño.

Copias o traducciones

El contenido de los informes, además, era una falacia, admitió el acusado, ya que, por ejemplo, en uno de ellos se decía que se había elaborado a partir de 64 entrevistas y era mentira. Otro era una simple traducción del francés y burdas copias.

"Oiga, ¿usted de conocimientos sobre turismo, res de res, no?", le preguntó el fiscal Fernando Rodríguez Rey. "Nada, efectivamente", respondió el acusado, quien en otro momento explicó que una de las sociedades defraudadoras ni siquiera la registró "porque era muy pequeña". Fue entonces cuando terció el presidente del tribunal, Josep Maria Pijoan: "Mire usted, cuando uno nace y es pequeñito lo inscriben en el registro civil y cuando se crea una empresa, por muy pequeñita que sea, se ha de inscribir en el registro mercantil".

Amenós explicó también que al hacer el quinto informe le preguntó a Cogul por qué tenía que devolverle el dinero y qué hacía con él. "Me dijo que él no se lo quedaba y nunca me negó que no fuera al partido", en alusión a Unió Democràtica, en el que milita Amenòs desde 1991. Las explicaciones de Cogul no le convencieron y fue entonces cuando Amenós, según afirmó, dejó de hacer estudios. Cuando el caso llegó a la fiscalía y al juzgado, pactó con Cogul lo que tenía que decir y éste le prometió que "el caso se cerraría", que es lo que en su día le prometieron a Cogul los dirigentes de Unió "antes de dejarlo tirado", en expresión de la también inculpada Carme Fargas.

En la sesión de ayer también declaró el acusado Josep Ramón Ferrer del Campo, al que defiente el abogado Cristóbal Martell. Fue el primero de los que ocupan el banquillo que no se declaró culpable de los delitos de falsedad y malversación que les atribuye el fiscal, aunque ha reintegrado también al tribunal, por si acaso, los más de 47.000 euros que cobró por encargos del consorcio. Este acusado defendió la importancia de los informes que redactó y se distanció del resto de los que se sientan en el banquillo. "Yo no he militado nunca en Unió y ni siquiera les he votado", llegó a declarar. Al final, sin embargo, sí reconoció que abonó a Cogul 1,6 millones de pesetas porque se lo pidió.