El PP es el partido que más amenaza con acudir a los tribunales

El PP ha asegurado esta semana que la querella por injurias y calumnias que el PSOE ha presentado contra su líder regional, Javier Arenas, por sus acusaciones de "corrupción generalizada" es un intento de "amordazar" a quienes critican a los socialistas en Andalucía. Curiosamente, el PP es el que más utiliza la amenaza o advertencia de llevar a los demás partidos a los tribunales, tanto por supuestas irregularidades como para defenderse de las críticas de las demás formaciones. El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, se lleva la palma de los anuncios o amenazas.

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El PP ha asegurado esta semana que la querella por injurias y calumnias que el PSOE ha presentado contra su líder regional, Javier Arenas, por sus acusaciones de "corrupción generalizada" es un intento de "amordazar" a quienes critican a los socialistas en Andalucía. Curiosamente, el PP es el que más utiliza la amenaza o advertencia de llevar a los demás partidos a los tribunales, tanto por supuestas irregularidades como para defenderse de las críticas de las demás formaciones. El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Teófila Martínez, se lleva la palma de los anuncios o amenazas.

El debate político andaluz se ha enrarecido a partir del descubrimiento del caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla. Este caso está propiciando que a la justicia se le acumule el trabajo: el PA ha llevado el asunto a la Fiscalía de Sevilla; el alcalde hispalense, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, también; el PP ha presentado una denuncia y pedido la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y los socialistas se han querellado contra el líder de los populares, Javier Arenas, y la portavoz municipal andalucista, Paola Vivancos, por imputarles prácticas corruptas. Hasta aquí, lo que ya está en vía judicial.

En el terreno de las amenazas, los populares han advertido de que tomarán acciones legales contra el presidente de la Junta, Manuel Chaves, por la "querella infundada" contra Arenas. El entrecomillado es del secretario general del PP, Juan Ignacio Zoido, un juez en excedencia que estos días está desempeñando un papel clave en la estrategia judicial de su partido. Él fue quien llevó la denuncia a Madrid para que el caso sea investigado por la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995 para los casos de "especial trascendencia". Anticorrupción ya ha enviado una denuncia sobre este asunto a la Fiscalía de Sevilla por ser el órgano competente, un camino que también puede recorrer la del PP.

La judicialización de la política no es, desde luego, un fenómeno nuevo. Este periódico ha rastreado su hemeroteca y el archivo de Europa Press de los últimos tres años y medio y es fácilmente comprobable que la mezcla de política y justicia está a la orden del día. No están todas las que son porque las amenazas o anuncios que hacen los partidos de acudir a los tribunales son casi diarias, sobre todo en los ayuntamientos, pero sí es significativo el resultado obtenido.

El PP es el partido que más utiliza el recurso de la amenaza, sin luego acudir a los juzgados: hay 33 contabilizadas. Además, presentó 10 denuncias y otros cinco asuntos terminaron archivados. El PSOE ha amenazado menos veces en este tiempo (10 en total), pero ha acudido más veces a los juzgados (12). IU y PA suelen hacer menos uso del recurso a la justicia.

La mayoría de las amenazas del PP tienen un foco: el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por la popular Teófila Martínez. En los últimos años, la dirigente popular ha amenazado varias veces a los grupos de la oposición con querellarse por las críticas a su gestión. Recientemente ha presentado una querella contra el PSOE por el caso de la Zona Franca. Arenas no ha dejado en buen lugar esta estrategia. "Querellarse contra la oposición por lo que opina, suena a Franco o a Fidel Castro", dijo el pasado viernes.

Y, ¿qué opinan quienes luego tienen que tramitar estos asuntos? El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, señala que hay que distinguir entre las denuncias presentadas por casos de corrupción y las demandas de protección del honor y las querellas por injurias o calumnias. Las denuncias por "corrupción deben ser investigadas con tranquilidad", dice. Y las segundas deben ser "analizadas" en profundidad, aunque García Calderón advierte de que, a veces, el político que es criticado acude a los tribunales como una "mera pose para desviar la atención".

En lo que coinciden los expertos consultados es en que los límites de la crítica que pueden sufrir quienes se dedican a la política son mucho más amplios que los de cualquier ciudadano. "El ámbito es más flexible debido a que se trata de personas cuya actividad está precisamente dirigida a la ciudadanía, de modo que la crítica a su actuación es incluso sana en una democracia, pese a que esta crítica pueda ser ofensiva. Sentirse ofendido y ser injuriado son dos cosas muy distintas. El hecho de que se dirija una crítica que ofenda no implica en modo alguno que se esté atentando contra derecho alguno del individuo", afirma Yolanda Ortiz, delegada de la Unión Progresista de Fiscales en Sevilla, quien sitúa el límite de la crítica en la "vejación".

Juan Carlos Campo, juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial, fija el debate de la siguiente manera: "El Tribunal Constitucional lo ha dicho reiteradamente, las críticas constituyen una servidumbre de la actividad pública o política. Y la libertad de expresión no sólo ampara críticas más o menos inofensivas e indiferentes, sino también aquellas otras que puedan molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen, siendo más amplios los límites permisibles de la crítica, cuando ésta se refiere a las personas que, por dedicarse a actividades políticas, están expuestas a un más riguroso control de sus actitudes y manifestaciones que si se tratase de particulares sin proyección pública. Lo anterior no significa que haya un derecho al insulto, o que los políticos no tengan derecho al honor. Están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias".

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, afirma que sólo prosperan aquellas querellas en las que el político hace uso de su cargo para menoscabar el honor de otro colega "de forma espúrea" y "por razones personales". "El político que usa la justicia como recurso político se desacredita a sí mismo ante la ciudadanía", afirma Gallardo, quien cree que los políticos que acuden a los juzgados sin razones de peso debería pagar los costes del proceso de su "bolsillo" y "sentirse avergonzados". El decano intuye un retorno a la judicialización de la política y concluye con una petición: "Sean más serios señores políticos".

Información elaborada con la colaboración de M. J. Albert, F. P. Monguió, G. Donaire y M. Planelles.