Esquizofrenia 2
La renovación que Julián Álvarez propugna en Málaga para el PA consiste en colocar de secretario general a uno de los tres ediles del equipo de desgobierno en Marbella. Se trata de Pedro Pérez, uno de los concejales expedientado de mentirijilla por apoyar la moción de censura de los tránsfugas del GIL y del PSOE. Pérez recuperó hace un año el carné que nunca le habían quitado y la militancia que nadie le había suspendido. Ahora, por su intachable trayectoria política al lado de concejales imputados o condenados, el sector oficial ha visto en él al salvador del andalucismo. El principal valedor...
La renovación que Julián Álvarez propugna en Málaga para el PA consiste en colocar de secretario general a uno de los tres ediles del equipo de desgobierno en Marbella. Se trata de Pedro Pérez, uno de los concejales expedientado de mentirijilla por apoyar la moción de censura de los tránsfugas del GIL y del PSOE. Pérez recuperó hace un año el carné que nunca le habían quitado y la militancia que nadie le había suspendido. Ahora, por su intachable trayectoria política al lado de concejales imputados o condenados, el sector oficial ha visto en él al salvador del andalucismo. El principal valedor de Pérez es Carlos Fernández. Su compañero de corporación. Otro expedientado de boquilla. Fernández debe ser uno de los pocos concejales de un Ayuntamiento que está denunciado por el equipo de desgobierno del que forma parte. Hace menos de dos meses, el consistorio de Marbella se adhería a la petición del fiscal y ratificó una denuncia por malversación contra Fernández, que es el tercer teniente de alcalde de la corporación que lo denuncia.
En Marbella todo es superable. La teniente de alcalde, Isabel García Marcos, ha logrado con una denuncia la primera condena por delito urbanístico contra concejales del GIL. Entre los inculpados figura un socio del mismo equipo de desgobierno del que ella forma parte. El concejal Rafael González. Ambos han tenido abogados en el proceso pagados por las arcas municipales. El letrado de García Marcos que acusaba a González está en nómina del Ayuntamiento. El pago del abogado con el que este último se defendía de su compañera de pacto también lo ha contratado el Ayuntamiento. No acaba aquí la cosa. La denuncia que abrió este proceso la presentó García Marcos por una licencia de obra en contra del PGOU de 1986. Antes del juicio, el TSJA confirmó la ilegalidad de la licencia. Ella misma, un mes después de esta decisión judicial, formó parte de la comisión de desgobierno que posibilitó que se ocuparan las viviendas que había logrado que se declararan ilegales. En tanto se va abriendo en canal la otra ballena blanca -la política-, del interior empiezan a salir todos como Pinocho, con la nariz cada día más grande. Es imposible reunir más mentiras y esperpento. Y un nivel mayor de esquizofrenia política.