Muñoz y seis ex ediles del GIL condenados a seis meses de prisión por delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) a una pena de seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio al haber concedido en septiembre de 1998 una licencia de obras para una promoción de 238 viviendas en un suelo que el planeamiento vigente reservaba como zona verde. Se trata de la primera sentencia por delito urbanístico contra responsables municipales marbellíes, de los más de 40 casos en trámite.
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El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) a una pena de seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito contra la ordenación del territorio al haber concedido en septiembre de 1998 una licencia de obras para una promoción de 238 viviendas en un suelo que el planeamiento vigente reservaba como zona verde. Se trata de la primera sentencia por delito urbanístico contra responsables municipales marbellíes, de los más de 40 casos en trámite.

La sentencia, de 86 folios, condena como "autores de un delito consumado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística" a los concejales que formaban la comisión de gobierno municipal que el 9 de septiembre de 1998 concedió licencia de obra a Turismo y Recreo Andaluz (Turasa) para la construcción del complejo residencial Banana Beach.

Dos de los seis condenados son actualmente concejales, Rafael González, miembro del equipo de Gobierno con la responsabilidad de Sanidad e Industria, y María Luisa Alcalá, adscrita a uno de los cinco grupos mixtos. También ha sido condenado Juan Antonio Yagüe, hermano de la actual alcaldesa.

La licencia fue otorgada pese a que el arquitecto municipal advirtió en un informe de que el proyecto no era conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de 1986, que calificaba el suelo de sistema general de áreas libres.

Pero el equipo de Gobierno prefirió regirse, y así lo alegaron los concejales en la vista oral, por el documento de revisión del PGOU elaborado por el consistorio y que fue denegado por la Junta el 20 de julio de 1998. Jesús Gil, que estuvo imputado en esta causa hasta su muerte, hizo oídos sordos e hizo aprobar ese plan en un pleno municipal celebrado en la medianoche del 7 de agosto. Aquel acuerdo fue suspendido por TSJA.

Con todo, la sentencia considera que tampoco la licencia otorgada se ajustaba al plan que el Ayuntamiento invocaba como válido. El propio arquitecto municipal certificó defectos sustanciales como un exceso de edificabilidad de 1.438 metros cuadrados, la construcción de un cuarto volumen cuando eran tres los edificados, de forma que se construyeron 294 viviendas, falta de respeto de los linderos y ausencia del pertinente estudio de detalle.

El juez Rafael Díaz Aroca relata en la sentencia las continuas modificaciones que el Ayuntamiento fue introduciendo a su propio plan una vez aprobado y que entiende "efectuadas a instancia de particulares y que ajustaban el plan a sus peticiones".

La sentencia decreta también "la nulidad de pleno derecho" de la licencia con la que la promotora Turismo y Recreo Andaluz (Turasa) construyó el complejo de viviendas Banana Beach. La licencia ya estaba anulada por vía administrativa en sentencia de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 15 de abril de 2004, que resolvió de esta manera la impugnación presentada en su día por la Junta. Aquel procedimiento contencioso dilató la instrucción penal del caso ahora sentenciado, cuyas diligencias previas se iniciaron el 20 de marzo de 2005.

La condena, contra la que aún caben dos recursos ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, no obligará a Julián Muñoz a ingresar en prisión. El ex alcalde de Marbella fue condenado en octubre de 2003 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Málaga a dos años de inhabilitación por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, al haber negado a la oposición el informe del Tribunal de Cuentas que detectaba graves irregularidades en el consistorio. Por ese motivo, Muñoz tuvo que dimitir como concejal el 16 de junio de 2004 y dejar también su acta como diputado provincial.

El ex alcalde marbellí anunció ayer que recurrirá la sentencia. "Hemos sido condenados por incumplir una norma urbanística, pero ninguno de nosotros nos hemos llevado nada al bolsillo", aseguró. Marisol Yagüe se mostró confiada en que el recurso prosperará y "se dará la razón" a los condenados.