Obras Públicas insta a la alcaldesa de Marbella a restituir la legalidad

El delegado de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, afirmó ayer que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella que el pleno municipal aprobado en 1998 supone "un aviso para navegantes" para el actual equipo de gobierno de la localidad malagueña.

Ruiz Povedano señaló que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe llevar a los responsables del Ayuntamiento "a un cambio de actitud y a abandonar el pasado", porque hasta ahora han estado "impregnados de las prácticas y conductas de la era GIL".

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El delegado de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, afirmó ayer que la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella que el pleno municipal aprobado en 1998 supone "un aviso para navegantes" para el actual equipo de gobierno de la localidad malagueña.

Ruiz Povedano señaló que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debe llevar a los responsables del Ayuntamiento "a un cambio de actitud y a abandonar el pasado", porque hasta ahora han estado "impregnados de las prácticas y conductas de la era GIL".

"Es hora de que rompan amarras con esta situación, olviden el pasado y se lancen al futuro, que es meter al Ayuntamiento por la senda de la legalidad y de la ordenación urbanística vigente", dijo Ruiz Povedano, quien advirtió de que "no se pueden dejar los temas urbanísticos en manos de personas del pasado como Juan Antonio Roca". El ex genetne de Urbanismo de Jesús Gil, artífice del plan anulado ahora en sentencia firme por el TSJA, se mantiene como asesor del equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe.

A juicio de Ruiz Povedano, este "cambio de actitud" debe traducirse en que el equipo de gobierno deje de "dar licencias de que son ilegales y que ellos lo saben", para que se ejecuten obras cuyos proyectos de ejecución cuyos proyectos básicos están recurridos por la Junta y que son "manifiestamente ilegales".

También instó a Yagüe a que "empiece a ejercer el control de la legalidad y la disciplina urbanística", porque no pueden mantener su actitud "de permisividad y de mirar hacia otra parte". El delegado de Obras Públicas señaló que el equipo de gobierno de Marbella "desoye totalmente los requerimientos de la Junta" y también "desobedece resoluciones judiciales como los autos que suspenden cautelarmente licencias y, sin embargo, no hace por hacerlos efectivos".

Ello ha obligado a la Junta a notificar a la Fiscalía en trece ocasiones en lo que va de año "que se está incurriendo en una posible comisión de delito por parte de la alcaldesa y del equipo de gobierno", apuntó Ruiz Povedano.

Asimismo, mostró su confianza en que el Ayuntamiento "sea capaz de acatar" esta última sentencia, porque "contra las anteriores 16 sentencias del TSJA ha presentado recurso de casación", lo que "quiere decir que comparte los criterios de la antigua administración del GIL".

A juicio de Ruiz Povedano, por parte de los responsables municipales se produce "cierta dejación de algo fundamental como es entender el urbanismo como una cosa pública que afecta a los intereses de la ciudad".

De lo contrario, "ocurre como en la época del GIL, que la ciudad se ve afectada negativamente por la pérdida de espacios públicos y sufre una pérdida de espacios públicos", añadió. También expresó su esperanza de que esta última sentencia sirva "para clarificar el caos que ocasionaron los gobiernos de Jesús Gil, Julián Muñoz y el actual en la ordenación urbanística de Marbella".