El Carmel ya no se mueve
Los sensores instalados en el Carmel ya no detectan movimientos en el terreno. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, explicó ayer que todavía se deben inyectar unos 800 metros cúbicos de hormigón en la zona donde se produjo el derrumbe, además de otra cantidad similar ya inyectada. En cualquier caso, dijo, los sensores han ido mostrando una tendencia a la estabilidad y, finalmente, ya no se registran movimientos en el subsuelo. No obstante, se terminará de consolidar la zona con hormigón tal como se había planeado.
La estabilidad del terreno abre la puerta a dos medidas: ...
Los sensores instalados en el Carmel ya no detectan movimientos en el terreno. El consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, explicó ayer que todavía se deben inyectar unos 800 metros cúbicos de hormigón en la zona donde se produjo el derrumbe, además de otra cantidad similar ya inyectada. En cualquier caso, dijo, los sensores han ido mostrando una tendencia a la estabilidad y, finalmente, ya no se registran movimientos en el subsuelo. No obstante, se terminará de consolidar la zona con hormigón tal como se había planeado.
La estabilidad del terreno abre la puerta a dos medidas: retornos ya previstos en la zona más alejada del centro -aunque 400 vecinos tardarán meses en volver a casa- y el inicio de las obras de demolición de los tres edificios que se decidió derribar, aunque esta medida no es inmediata ya que antes se ha que proceder a diversas actuaciones. En este sentido, Nadal anunció un inmediato acuerdo con las 34 familias cuyas viviendas han sido o van a ser derruidas y dijo que se tirarán los edificios previstos tras haber apuntalado los contiguos, de modo que luego se pueda proceder a cortar las paredes adosadas de forma manual y sin riesgo. Nadal precisó que el esquema de negociación ha sido el de ofrecer una vivienda por otra y compensar por los bienes perdidos y los daños morales sufridos.
La póliza de seguros suscrita por la constructora de la línea de metro cubre daños por 93 millones de euros
400 de los más de 1.000 vecinos desalojados deberán estar entre tres y seis meses fuera de sus viviendas
Pisos y comercios cercanos al área de los socavones deberán ser vaciados para poder reforzar la zona
Indemnizaciones
El Gobierno catalán fijó ayer las indemnizaciones mínimas que percibirá cada una de las familias del Carmel desalojadas: 6.000 euros. Esta cantidad no incluye las dietas ni los arreglos que cada edificio o piso necesite, pero sí adelantos por otros conceptos. Así lo explicó, tras el Consell Executiu, el portavoz y consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal. Esta cifra no incluye las dietas percibidas o por percibir, aunque sí los daños morales sufridos por la familia. No obstante, portavoces vecinales afirmaron ayer que es una cantidad insuficiente.
Esta indemnización ya decidida la podrán percibir todas las familias que regresen a sus domicilios, lo que no deja de ser un incentivo para que lo hagan, tras la resistencia mostrada por no pocas de ellas. Nadal aseguró que 62 unidades familiares ya se han reintegrado a sus hogares y confíó en que pronto lo hagan más. Si cualquier familia obtuviera más adelante el derecho a una indemnización mayor, por vía judicial u otro tipo de acuerdo, el Gobierno catalán asumiría la cifra; pero si la indemnización fijada fuera menor, no se reduciría la cantidad, que sería de 6.000 euros en el peor de los casos.
Los vecinos ya han cobrado cantidades que fueron ayer cuantificadas por Joaquim Nadal. El total de beneficiarios de dietas es de 1.039 y han sido abonados 228.675 euros. Unos 450 vecinos tienen derecho a percibir cantidades adelantadas por diversos conceptos. De ellos, 385 han ejercido este derecho y han cobrado, de forma conjunta, 402.000 euros. Finalmente, de los 50 comerciantes que tienen derecho a recibir ayudas, 46 lo han ejercido y han recibido 194.760 euros por este concepto. No están contabilizadas las ayudas, acordadas con posterioridad, que se concederán a los 70 comerciantes y 90 titulares de otros tantos puestos del mercado, a los que se compensará por disminución de ingresos, aunque no han cerrado sus negocios.
Nadal pidió ayer que no se mezclen los problemas sufridos por las familias del Carmel como consecuencia de las obras de ampliación de la línea 5 del metro en el barrio con los que se han registrado en otras partes de la ciudad. Sin ir más lejos, en la misma línea, junto a la estación de Taxonera, donde un elevado número de bloques también se han agrietado por las vibraciones producidas por las obras del metro; en Rosselló-paseo de Gràcia, donde un bloque también presenta problemas como consecuencia de la vibración provocada por el paso de los trenes, y en la zona de Poblenou por donde discurre la línea 4.El conseller en cap, Josep Bargalló, que compareció junto a Nadal en la conferencia de prensa en la que ambos dieron cuenta de lo tratado por el Gobierno catalán en la sesión del Consell Executiu, insistió en que las decisiones sobre el Carmel muestran el compromiso del Ejecutivo con la sociedad y su decisión de gobernar, al margen de los debates entre partidos.
Nadal precisó que el Gobierno catalán ya ha puesto en marcha los mecanismos para redactar un nuevo proyecto constructivo para la ampliación de la línea 5 del metro, cuyas obras están ahora paradas. El contrato con la constructora está suspendido, de modo que ésta sólo realiza obras de emergencia para asegurar lo construido.
El Gobierno catalán ha actuado para activar las pólizas de seguros contratadas por la UTE constructora (una unión temporal formada por Fomento de Construcciones y Contratas, Copisa y Comsa) y la dirección de obras, así como la propia póliza de GISA. La de la constructora, dijo Nadal, cubre el coste total por el que fue adjudicada la obra, es decir, 93,6 millones de euros.
Estas pólizas tienen que servir para cubrir, precisó el consejero, los daños producidos a particulares, sean definitivos o temporales; los daños a espacios públicos, desde el mobiliario urbano a la estructura viaria, y los daños ocurridos en la propia obra, es decir, el hundimiento del túnel y las posteriores actuaciones para dar estabilidad al terreno.
Activando esta pólizas, el Gobierno pretende resarcirse de los gastos asumidos en el proceso y también de los aún pendientes.
El periodo que puede llevar la adjudicación de la redacción de un nuevo proyecto, en el que se deberá incluir la ubicación del túnel de maniobras donde se produjo el hundimiento, puede ser de unos seis meses. Pasado este tiempo, y con un proyecto nuevo, será el momento de decidir si la suspensión del contrato con las empresas constructoras y la dirección de obras se rescinde o se revisa y se adecua al nuevo proyecto elaborado.
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