El Ayuntamiento de Chiclana pide a los bancos que no concedan créditos para viviendas sin licencia
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 65.000 habitantes) se considera "incapaz" de afrontar la proliferación de viviendas ilegales en la localidad, unas 12.000, según los cálculos municipales. El concejal de Urbanismo, Joaquín Muriano (PSOE) solicita ayuda de las administraciones y también de otros estamentos. La última petición se la ha trasladado a las entidades bancarias: que no concedan créditos a aquellos propietarios que no puedan aportar la licencia que requiere su casa.
El Consistorio chiclanero pretende regularizar gran parte de las viviendas en situación irregular a través del ...
El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz, 65.000 habitantes) se considera "incapaz" de afrontar la proliferación de viviendas ilegales en la localidad, unas 12.000, según los cálculos municipales. El concejal de Urbanismo, Joaquín Muriano (PSOE) solicita ayuda de las administraciones y también de otros estamentos. La última petición se la ha trasladado a las entidades bancarias: que no concedan créditos a aquellos propietarios que no puedan aportar la licencia que requiere su casa.
El Consistorio chiclanero pretende regularizar gran parte de las viviendas en situación irregular a través del plan general, en el que se prevé legalizar hasta el 70% de las casas sin licencia, unas 8.000. Una medida con la que quiere evitar el coste social que supondría el masivo derribo de promociones enteras y hogares particulares. Pero, al margen de esta iniciativa, el responsable de Urbanismo asegura carecer de los medios suficientes para poner coto a este problema. "Esto debe producir una reflexión supramunicipal que nos haga ser conscientes de que detrás de una vivienda ilegal hay un registro de la propiedad que le da cabida, unas entidades bancarias que conceden hipotecas sobre cosas que sería discutible que fueran hipotecables y un flujo económico a espaldas de la Hacienda pública".
El delegado de Obras Públicas de la Junta, Pablo Lorenzo, cree que, a pesar de los esfuerzos de las administraciones, "todavía no hay conciencia de que construir ilegalmente es un delito con responsabilidad penal", como refleja la ley de ordenación urbanística en Andalucía. A pesar de la proliferación de viviendas sin licencia, defiende que el modelo que va a aplicar Chiclana, el de regularizar gran parte de las viviendas sin licencia, "es positivo y extensible a otros municipios".
Con todo, señaló que el Gobierno andaluz dedica una unidad de trabajo a inspeccionar las construcciones del litoral para perseguir delitos contra la ordenación del territorio. En los casos que no sea posible normalizar la situación, Lorenzo recuerda que Obras Públicas apuesta por las sanciones y los derribos, aunque reconoció que este proceso es lento porque los dueños suelen recurrir judicialmente hasta la última instancia.