Con la fotografía en la cartera
La custodia de un niño de seis años, hijo de "gitana y negro, marginales y marginados, y por lo tanto tratados como sospechosos", según critica una sentencia la Audiencia de Vizcaya, enfrenta a los padres biológicos con la Diputación Foral de Vizcaya. La incertidumbre jurídica y el tiempo transcurrido corren en contra de los progenitores. El menor tiene una nueva identidad desde que a los 10 meses fue entregado en acogida preadoptiva a una pareja a la que considera sus padres.
La Diputación asumió la tutela del pequeño a los tres días de nacer para "salvaguardar su interés", ya que ent...
La custodia de un niño de seis años, hijo de "gitana y negro, marginales y marginados, y por lo tanto tratados como sospechosos", según critica una sentencia la Audiencia de Vizcaya, enfrenta a los padres biológicos con la Diputación Foral de Vizcaya. La incertidumbre jurídica y el tiempo transcurrido corren en contra de los progenitores. El menor tiene una nueva identidad desde que a los 10 meses fue entregado en acogida preadoptiva a una pareja a la que considera sus padres.
La Diputación asumió la tutela del pequeño a los tres días de nacer para "salvaguardar su interés", ya que entonces la madre, Sonia J., de 20 años, era toxicómana (el bebé nació con síndrome de abstinencia) y carecía de recursos. El padre, Malam C., de 29 años y natural de Guinea Bissau, tampoco podía hacerse cargo del bebé.
Con la acogida, A. cambió su nombre por I. y comenzó a vivir en un hogar confortable, según han reconocido los jueces. Desde entonces, sólo ha convivido con su familia biológica tres días a la semana durante el proceso de reintegración, entre junio y noviembre de 2001. Las medidas judiciales le impiden ver a su hermana, R., de cuatro años, que vive con la madre y cuya foto lleva su padre en la cartera junto a la del pequeño. Sonia y Malam están separados y mantienen buena relación. Él es albañil. Ella ha dejado la droga y tiene empleo.
Durante el largo litigio, los jueces han criticado a la Diputación por "intentar apartar al niño de sus padres biológicos", contra quienes llegó a presentar una denuncia por malos tratos al pequeño, lo que propició la suspensión cautelar del programa progresivo de vuelta a casa. Poco importó que se retirara la demanda contra el padre y que la madre fuera absuelta más tarde. El contencioso sirvió para levantar un nuevo muro, que, desde entonces, les impide el contacto con su hijo.
La última sentencia, emitida en octubre pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bilbao, da un nuevo varapalo a la Diputación y señala que no sólo "bordeó los límites de la legalidad en su actuación, sino que incurrió en un claro supuesto fraude de ley [buscar al amparo de una norma un resultado distinto y prohibido]". Pero tampoco esta vez el niño va a ser devuelto a sus padres biológicos.
Todas las resoluciones emitidas reconocen el derecho de los padres a recuperar a su hijo. Ellos admiten compartir la custodia con la pareja de acogida para no perjudicar al niño. Pero hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre la patria potestad, la "provisionalidad jurídica del menor" impide incluso el régimen de visitas de sus padres biológicos. Los jueces aducen que la devolución temporal y un eventual fallo posterior contrario a ellos generaría graves "daños psíquicos y, por ende, de vulneración del derecho a la integridad moral ". Reconocen, como ya hizo la Diputación, que la madre dejó la droga hace tiempo y que ha hecho un gran esfuerzo para recuperar a su hijo. Además, la Justicia sostiene que su otra hija recibe un trato "absolutamente correcto" y está "mejor educada" que su hemano. Sonia quiere llegar hasta el final. "Me muero por ver a mi hijo", dice. La Diputación declina comentar este caso.