El fiscal estudia pedir la prisión para los constructores detenidos
Arrestado un empleado extranjero que huyó de la obra tras el siniestro laboral de Granada
La Fiscalía de Granada estudia pedir la prisión provisional para los constructores que contrataron al obrero sin papeles muerto el martes en una obra de Maracena. Según fuentes de la investigación, el fiscal cree que la amenaza al hermano del fallecido proferida por uno de ellos podría constituir un delito contra la Administración de Justicia al coaccionar a un testigo. La Guardia Civil detuvo ayer a otro trabajador irregular que huyó de la obra tras el siniestro.
Los agentes apuraron hasta el límite legal de las 72 horas las detenciones practicadas el jueves. A las de los constr...
La Fiscalía de Granada estudia pedir la prisión provisional para los constructores que contrataron al obrero sin papeles muerto el martes en una obra de Maracena. Según fuentes de la investigación, el fiscal cree que la amenaza al hermano del fallecido proferida por uno de ellos podría constituir un delito contra la Administración de Justicia al coaccionar a un testigo. La Guardia Civil detuvo ayer a otro trabajador irregular que huyó de la obra tras el siniestro.
Los agentes apuraron hasta el límite legal de las 72 horas las detenciones practicadas el jueves. A las de los constructores se sumó ayer la de un compañero del obrero muerto -también boliviano y en situación irregular- que huyó de la obra tras el accidente laboral sin prestarle ayuda. Los agentes consideran que su marcha supone un presunto delito de omisión de socorro que, según fuentes jurídicas, tiene pocas probabilidades de prosperar, debido a que los hechos se produjeron en un lugar poblado.
Los empresarios detenidos pasarán a disposición judicial esta misma mañana, según fuentes de la investigación. El juzgado de Instrucción número 5 de Granada -el que tramitó la autopsia del boliviano fallecido- tendrá que decidir entonces si los deja en libertad con cargos, les impone una fianza u ordena su prisión provisional.
Según fuentes jurídicas, el fiscal se decanta por pedir la prisión -sujeta a fianza o incondicional- ya que los presuntos delitos cometidos (homicidio imprudente, contratación de mano de obra ilegal, riesgo y coacciones) conllevan conjuntamente penas de prisión superiores a los dos años. Las amenazas proferidas por uno de los empresarios contra el hermano del fallecido mientras éste agonizaba en la UVI, podrían constituir un delito contra la Administración de Justicia (y no de coacciones como sostiene la Guardia Civil) ya que el amenazado es un testigo de los hechos.
Obstáculo a la investigación
Ese delito se castiga con penas de uno a cuatro años de cárcel y, según fuentes jurídicas, denotaría la intención de entorpecer las pesquisas, al igual que la colocación en la obra de las medidas de seguridad obligatorias un día después de que se produjera el accidente. El fiscal considera que esos hechos cumplen las condiciones que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mandar a la cárcel a un detenido antes del juicio.
El sindicato UGT se personó ayer en el caso como acusación particular. Su secretario provincial de Granada, Mariano Campos, aseguró que la central solicitará para los dos empresarios las penas máximas que establezca la ley. CC OO le seguirá en los próximos días. La subdelegación del Gobierno en Granada prometió agilizar los trámites para la regularización del hermano del fallecido en el proceso de normalización de trabajadores extranjeros, una medida apoyada también por la Fiscalía. La Junta anunció anteayer que no dará subvenciones a las empresas que incumplan las normas de prevención de riesgos laborales.