La oposición recurre la decisión municipal de quitar la protección cultural a las salas de cine
PSOE e IU acuden al contencioso para frenar la modificación del Plan General de 1997
Los dos grupos de la oposición municipal, PSOE e IU, han decidido oponerse, por la vía judicial si hace falta, a que el Ayuntamiento desproteja las salas de cine. Por eso, ambos han presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra la resolución que modifica el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, que impedía el cambio de uso de las salas de cine para proteger su actividad cultural. La modificación del plan, aprobada en el Pleno del pasado 30 de marzo, entró en vigor al publicarse en enero en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La principal queja de PS...
Los dos grupos de la oposición municipal, PSOE e IU, han decidido oponerse, por la vía judicial si hace falta, a que el Ayuntamiento desproteja las salas de cine. Por eso, ambos han presentado sendos recursos contencioso-administrativos contra la resolución que modifica el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, que impedía el cambio de uso de las salas de cine para proteger su actividad cultural. La modificación del plan, aprobada en el Pleno del pasado 30 de marzo, entró en vigor al publicarse en enero en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La principal queja de PSOE e IU es que la modificación del Plan no responde al "interés general", sino al de los empresarios de las salas de cine. "La ciudad es de todos y, por tanto, es el interés de la comunidad y no el de unos pocos, en este caso los propietarios de los edificios, el que ha de determinar su configuración", dice el recurso del PSOE, firmado por el edil Félix Arias.
Los dueños de cines, a través de la Confederación Empresarial de Madrid y la Sociedad de Empresarios de Cine de España, firmaron un convenio con el Ayuntamiento, cuando lo dirigía el popular José María Álvarez del Manzano, en el que solicitaban que se "dulcificara" la delimitación de las zonas protegidas. Porque el vigente plan de urbanismo de 1997 establece de forma estricta que los cines debían estar vinculados obligatoriamente al uso cultural, especialmente en Gran Vía, Fuencarral, Goya-Narváez y la plaza de Jacinto Benavente.
El convenio que modificaba esa protección fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento en marzo pasado, ya con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, y su entrada en vigor la tramitó en enero una resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ahora el propietario de un cine podrá darle el uso que desee, aunque esté en las áreas preferentes e incluso en el Catálogo de Protección de Edificios. Con las limitaciones de cada zona, las salas podrán cambiar a usos comerciales, oficinas o incluso viviendas.
En el recurso interpuesto por IU, que firma su portavoz, Inés Sabanés, se cuestiona el convenio entre los empresarios de las salas de cine y el Ayuntamiento, porque pretende "una modificación a la carta de una norma de rango reglamentario", que en su opinión no puede estar inspirada en "razones de índole económica con oscuros intereses especulativos que beneficien exclusivamente a los que suscribieron el convenio".
Otra cuestión que le parece grave a Sabanés es que el convenio establezca el compromiso del Ayuntamiento de agilizar la tramitación. "No se hace con otros sectores, por lo que es un trato de favor", agregó.
En cambio, el recurso del grupo socialista pone el énfasis en que "se ha incurrido en desviación de poder y lo justifica en que una decisión planificadora, basada en el interés de unos pocos, "constituye un acto viciado". Pero Arias critica también que el equipo de gobierno municipal no tenga una política de protección del patrimonio histórico madrileño. El viceportavoz del Grupo Socialista, Óscar Iglesias, subrayó que Comunidad y Ayuntamiento se han puesto de acuerdo por una vez: "En el PP se tiran los trastos, pero al hablar de especulación, se ponen de acuerdo siempre".