Los vecinos del Carmel podrán volver a sus domicilios a partir del miércoles

Los 1.054 vecinos del barrio del Carmel -desalojados el pasado jueves por el hundimiento originado por las obras de la prolongación de la línea 5 del metro- volverán de forma gradual a sus casas a partir del miércoles. Los primeros en ser realojados serán quienes residan más lejos de la zona donde se desarrollan las obras -alrededor de 350 personas- y luego se irán incorporando todos a sus viviendas. Los técnicos del Ayuntamiento y la Generalitat también han decidido apuntalar el edificio contiguo al garaje que se hundió de forma definitiva. El miércoles por la mañana varios técnicos lo exami...

Los 1.054 vecinos del barrio del Carmel -desalojados el pasado jueves por el hundimiento originado por las obras de la prolongación de la línea 5 del metro- volverán de forma gradual a sus casas a partir del miércoles. Los primeros en ser realojados serán quienes residan más lejos de la zona donde se desarrollan las obras -alrededor de 350 personas- y luego se irán incorporando todos a sus viviendas. Los técnicos del Ayuntamiento y la Generalitat también han decidido apuntalar el edificio contiguo al garaje que se hundió de forma definitiva. El miércoles por la mañana varios técnicos lo examinarán y dirán si es apto para su uso.

"Hoy ya nada se mueve en el Carmel", aseguró el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal. La masa de hormigón, de 70 centímetros de grosor por 15 metros de profundidad, con la que se ha rellenado el subsuelo del socavón de momento se ha consolidado. No hay ninguna vivienda con daños estructurales, salvo el edificio contiguo al garaje que fue tragado por el hundimiento. Aun así, el Gobierno catalán ha decidido apuntalarlo "de forma definitiva". "Si se intenta salvar es porque hay técnicos que aseguran que podemos hacerlo. No tenemos ninguna garantía de que la operación salga perfectamente, pero creemos que vale la pena probarlo", afirmó Nadal.

La Generalitat y el Ayuntamiento acordaron que, excepto estos 27 vecinos, el resto vuelva a su casa de forma paulatina. Tanto Política Territorial como el Ayuntamiento de Barcelona desmintieron rotundamente, aunque no de forma pública, la información de un diario local que aseguraba que los daños podían obligar a derribar 500 viviendas, lo que causó gran alarma entre los vecinos.

Si se espera al miércoles por la tarde, explicó Nadal, es para evitar alarma social en caso de que el edificio contiguo acabe cayéndose. "Si se desploma, lo hará de forma controlada. Primero queremos tenerlo bien apuntalado para que lo visiten varios técnicos y especialistas, que decidirán si la gente que reside en estas 12 viviendas puede ir a por sus pertenencias y luego si se puede asentar de forma definitiva. Nuestro objetivo es que puedan volver, pero de momento no podemos asegurarlo", añadió.

Provisionalmente, los 27 vecinos del bloque se instalarán en pisos puente de un inmueble que el Patronato Municipal de la Vivienda está terminando a menos de 100 metros de donde ocurrió el socavón. La propietaria de un piso del edificio, que no quiso identificarse, se mostró cauta en cuanto a un posible regreso a su domicilio. "Nos lo han dicho bien claro: están intentando salvar el bloque, pero aún es pronto hasta para entrar a inspeccionarlo. Nosotros ya nos conformamos con muy poco, que es entrar a buscar nuestras cosas", dijo la mujer.

En caso de que la vivienda no aguante y tenga que ser derribada, el Instituto Catalán del Suelo y el Ayuntamiento han acordado crear nuevas viviendas en la zona.Los consejeros de varios departamentos del Gobierno tripartito se reunieron el sábado por la noche y ayer para abordar la suerte del inmueble número 10 del pasaje de Calafell. Sobre la mesa había otras reclamaciones de los vecinos, y el Ejecutivo las aceptó prácticamente todas.

La Generalitat asegura que asumirá los gastos que el incidente haya podido ocasionar a los vecinos desalojados. Para ello, cada familia deberá presentar dos formularios en una oficina del Departamento de Bienestar y Familia que se instalará en la plaza de Pastrana. En uno de los documentos se indicarán los costes que hayan tenido que pagar los desalojados por estar fuera de su casa. En el otro podrá constar cualquier queja sobre el posible mal estado de la vivienda, desde la rotura de una tubería a una grieta en la pared. También se compensará a los comerciantes que hayan tenido que cerrar sus tiendas a causa del desalojo.

"En la oficina habrá entrevistas personalizadas para contrastar la información y para determinar la cantidad que se abonará. Queremos responder hasta la última reclamación", aseguró Nadal. Los vecinos decidieron crear una junta que represente sus intereses y contratar a un abogado que les asesore en el momento de reclamar por los daños que hayan podido sufrir, según dijeron los afectados .

El Gobierno catalán también dará a cada evacuado un documento suscrito por un colegio profesional -de arquitectos o aparejadores- que garantice que los retornos se efectúan con "plenas garantías" de seguridad. Los primeros edificios que podrán ser habitados son los ubicados entre los números 49 y 51 y 48 y 74b de la calle de Sigüenza, del 126 al 130 de Llobregós, del 1 al 7 de Pantà de Tremp, del 13 al 29 de Bernat Bransi y del 17 al 19 y del 20 al 22 del pasaje de Calafell.

Las dos escuelas de la zona permanecerán cerradas esta semana. Los cursos de P3, P4 y P5 del CEIP El Carmel se trasladarán al centro cívico del barrio, y el resto de cursos se impartirán en el CEIP Sant Antoni Maria Claret de Nou Barris. Habrá servicio de autobuses a las 9.00 y las 17.00 horas. El colegio Santa Teresa trasladará parte de sus alumnos a su centro de la calle de Lugo y a dos aulas de la escuela Piaget.

El presidente del PP en el consistorio barcelonés, Alberto Fernández Díaz, criticó que los "socios de gobierno" del alcalde Joan Clos no hayan ido a apoyar a los afectados. Sin embargo, la concejal de ICV Imma Mayol aseguró que visitó la zona el jueves y ayer, informa Europa Press.