Por fin, en vigor
La Ley Integral contra la Violencia de Género entró ayer en vigor y con ella, una parte de las medidas judiciales, sociales y educativas previstas para luchar contra las manifestaciones más extremas de discriminación y ataque a la libertad de las mujeres. Su aprobación unánime en el Parlamento indica que los poderes públicos son conscientes de que un fenómeno tan insidioso y persistente requiere una respuesta global y contundente.
Las cosas no cambiarán inmediatamente: pero habrá al menos mejores instrumentos. Las denuncias de violencia siguen aumentando. Es previsible que la tendencia ...
La Ley Integral contra la Violencia de Género entró ayer en vigor y con ella, una parte de las medidas judiciales, sociales y educativas previstas para luchar contra las manifestaciones más extremas de discriminación y ataque a la libertad de las mujeres. Su aprobación unánime en el Parlamento indica que los poderes públicos son conscientes de que un fenómeno tan insidioso y persistente requiere una respuesta global y contundente.
Las cosas no cambiarán inmediatamente: pero habrá al menos mejores instrumentos. Las denuncias de violencia siguen aumentando. Es previsible que la tendencia no se altere durante un tiempo, porque es ahora cuando emerge la realidad de una generación de mujeres que ya no están dispuestas a mantener relaciones de dependencia, mientras todavía hay muchos hombres que consideran que esta actitud de libertad conquistada atenta contra la esencia de su identidad.
Lo primero que habrá que evaluar es si los 50 millones de euros previstos en 2005 para el desarrollo de la ley son suficientes. En el último año se han observado incrementos de hasta el 40% en las denuncias por malos tratos y las peticiones de protección no dejan de crecer: entre enero y octubre de 2004 se habían presentado 26.800. El cumplimiento de estas demandas exigirá importantes recursos materiales y humanos, sin los que la eficacia de la ley puede ser muy limitada. En primer lugar, el Gobierno deberá garantizar dotaciones policiales suficientes para cubrir las órdenes de protección que dicten los jueces, y que los mecanismos de ayuda a las mujeres amenazadas estén plenamente operativos.
A nadie se le oculta que la realidad sobre la que incide esta ley es particularmente compleja. Los juzgados especiales que se crearán dentro de seis meses habrán de decidir sobre situaciones muy difíciles en las que el factor emocional, a veces variable, tiene una gran preeminencia. No lo tendrán fácil los jueces a la hora de evaluar el riesgo que entraña cada caso, y cabe la posibilidad de que, ante el temor de equivocarse, algunos opten por curarse en salud y tomen decisiones que pueden resultar, al cabo, injustas. No hay que perder de vista que en estos momentos el 35% de las demandas de malos tratos acaban en absolución. También habrá que vigilar que no se utilice la nueva normativa para obtener ventajas en la tramitación de las leyes civiles de separación y divorcio.